En Panamá, el sistema penitenciario debería garantizar la resocialización de los privados de libertad, según el artículo 28 de la Constitución, explica Marco Austin, abogado. Sin embargo, señala que “nuestros penales no son centros de resocialización. Hay alternativas de estudio, pero muchos las usan solo para reducir su condena. Al salir, enfrentan estigmas y falta de oportunidades. Entonces, ¿para qué lo estamos haciendo?”.
¿Más castigo, menos crimen?
Sobre si el aumento de penas disuade los delitos graves, Austin es escéptico: “En casos como el femicidio, los delincuentes no piensan en la consecuencia; buscan ser declarados inimputables. Y cuando se les aplican medidas curativas, no siempre cumplen los estándares constitucionales”.
El abogado también critica la falta de apoyo a iniciativas que podrían mejorar la resocialización, como programas productivos en las cárceles, que fueron declarados inconstitucionales, y resalta la limitada acción de las iglesias y otras organizaciones dentro del sistema: “Las autoridades dicen ‘déjenme trabajar’, pero sin resultados concretos, la delincuencia seguirá”.
Finalmente, Austin enfatiza la necesidad de equilibrar los derechos humanos de los privados de libertad con los de las víctimas, señalando la insensibilidad de algunas autoridades frente a crímenes atroces y la aplicación del sistema penal: “Tenemos muchas garantías legales, pero cuando ocurren asesinatos brutales, nadie piensa en los derechos de las víctimas y sus familiares que piden justicia”.