El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo mantendrá la medida de arresto domiciliario e impedimento de salida del país, por decisión del Tribunal Superior de Apelaciones, donde este jueves se celebró una audiencia. Carrizo mantiene medidas cautelares desde el pasado 28 de enero cuando enfrentó una audiencia de garantías.
Durante la audiencia, los abogados de Carrizo justificaron la petición de flexibilización de la medida cautelar, donde aspiraban a la medida de reporte periódico, mientras el Ministerio Público, se mantuvo en la solicitud de detención preventiva.
En la audiencia, incluso se ventiló la solicitud de la defensa para que se permitiera a Carrizo pernoctar en áreas verdes y sociales del edificio donde reside, durante el pazo que duren las investigaciones en su contra, sin embargo el tribunal descartó esta posibilidad ya que no formaba parte de las solicitudes iniciales que motivaron la audiencia de apelación.
El abogado Leonardo Paul Aparicio, uno de los abogados de la defensa, sostuvo que en las cuentas de Carrizo, no se encontraron rastros de fondos del Estado.
"Los fondos que él presenta, todos se encuentran bancarizados. Recordemos algo, que él tiene la característica de Persona Políticamente Expuesta. Por tanto, él requiere de todo el sistema bancario, algo que se conoce como debida diligencia reforzada. Y no existe un solo reporte de operación sospechosa en todo el mover financiero de trazabilidad", señaló.
El jurista también reiteró dudas sobre el informe de auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
"El señor José Gabriel Carrizo quiere enfrentar el proceso y que no se presente ningún vestigio o sospecha de algún tipo de irregularidad... Y otra cosa, que existen serias dudas, serias inconsistencias en el informe de auditoría de la Contraloría", agregó.
Carrizo, actual miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue inmediatamente custodiado al PH Marea 30 ubicado en Costa del Este, domicilio en el que ha sido confinado en medio de las investigaciones por presunto enriquecimiento injustificado.
