En el debate por la educación, las universidades particulares insisten en participar activamente en la reforma educativa que se discute en el país. El sector advierte que el modelo actual de educación superior presenta rigideces legales y administrativas que limitan la calidad, la innovación académica y la respuesta a las nuevas necesidades formativas.
Cardozo subrayó que la legislación educativa vigente tiene más de ocho décadas y ya no responde a la realidad actual del país ni de la región. Indicó que una reforma efectiva debe contemplar todo el trayecto educativo y no centrarse únicamente en un nivel, ya que el desarrollo nacional depende de una visión integral del sistema.
En el caso específico de la educación superior, el sector privado considera fundamental que la nueva ley garantice una autonomía real para las universidades, que permita mayor claridad en procesos como la contratación docente, la apertura de nuevas carreras y la posibilidad de dobles titulaciones con instituciones extranjeras de manera más ágil y flexible.
Universidades y burocracia: límites al crecimiento académico
Uno de los principales señalamientos del sector es el actual modelo de aprobación de carreras universitarias, que recae en una comisión técnica adscrita a la Universidad de Panamá. Según Cardozo, este esquema convierte a la institución en juez y parte del sistema, lo que ralentiza los procesos y limita la innovación académica.
El presidente de AUPPA explicó que, aunque la ley contempla mecanismos de flexibilidad, en la práctica los trámites pueden tardar entre dos y tres años, tiempo que resulta incompatible con la velocidad a la que evolucionan las profesiones y las demandas del mercado laboral. Esto impide que las universidades particulares respondan oportunamente a las carreras del futuro.
Asimismo, planteó la necesidad de que el Ministerio de Educación cuente con una entidad independiente que evalúe y apruebe programas académicos tanto de universidades públicas como privadas, bajo criterios claros de calidad y pertinencia, alineados con las necesidades del país.
Educación superior: docentes, currículos y nuevos modelos
Otro punto crítico es la contratación del personal docente. Cardozo cuestionó la obligatoriedad del posgrado en docencia superior como requisito universal, señalando que Panamá es el único país de la región con esta exigencia. A su juicio, la experiencia profesional debe tener mayor peso, especialmente en áreas donde el aprendizaje práctico es clave para la formación de los estudiantes.
También advirtió sobre la rigidez curricular que obliga a las universidades a impartir materias generales que los estudiantes ya cursaron en el colegio, lo que extiende innecesariamente la duración de las carreras. Desde su perspectiva, la educación superior debe migrar hacia modelos más cortos, flexibles y enfocados en competencias, habilidades y microcredenciales.
El dirigente resaltó que las universidades particulares cumplen un rol complementario en el sistema educativo, ampliando el acceso a la formación profesional y ofreciendo alternativas de financiamiento directo para los estudiantes. En ese contexto, insistió en que la reforma educativa debe facilitar la adaptación del sistema a los nuevos desafíos, garantizando calidad, pertinencia y oportunidades reales para los jóvenes panameños.
