Un ajuste inesperado en las jubilaciones de los jueces, magistrados y otros administradores de justicia en Panamá puede tener un efecto devastador en el sentir del pueblo, particularmente después de la intensa y conflictiva lucha por la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).
La lucha fue una expresión de la frustración por la desigualdad y la percepción de que la élite política y económica se beneficia de un sistema que perjudica a la mayoría. En este contexto, un ajuste de pensiones que beneficie de manera desproporcionada a un grupo selecto como los jueces, magistrados y otros administradores de justicia, está generado una indignación pocas veces vistas ya que la traición y el privilegio de casta es lo que se vive. El pueblo luchó por una solución colectiva y equitativa. Fuimos a la asamblea a proponer, a cuestionar y a ajustar para que nuestros padres y abuelos tuvieran dinero para vivir. Estas acciones sólo refuerzan la idea de que hay una "casta" de funcionarios públicos que se legisla a sí misma beneficios especiales a expensas del resto de la población.
Se lesiona la credibilidad de la justicia
La Ley 462 fue un intento, aunque controvertido, de buscar la sostenibilidad del sistema para todos. Si, al mismo tiempo, se aprueban pensiones "doradas" para un grupo ya privilegiado, la brecha de desigualdad se haría más visible y palpable. Los panameños que lucharon para evitar que se les quitara una pequeña pensión digna verían con indignación que otros reciben un 100% de su último salario. Y aquí lamentablemente sólo queda cuestionarlo todo, incluyendo la integridad de los administradores de justicia. La aprobación de este tipo de beneficios especiales por parte del propio Órgano Judicial (a través de un acuerdo, por ejemplo) podría dañar su credibilidad. La gente podría percibir que la justicia está sesgada y que los magistrados y jueces se preocupan más por sus propios beneficios que por impartir justicia de manera imparcial. Esto minaría la confianza en una institución fundamental del Estado, en un momento en que la confianza en las instituciones públicas ya es baja.
Sistema de pensiones sigue siendo delicado
La reciente experiencia de la lucha por la CSS mostró la capacidad de movilización de la sociedad panameña. Un ajuste en las pensiones de los jueces es considerado un acto de "sinvergüenzura" y desprecio por el pueblo. De no eliminarse, puede ciertamente convertirse en un catalizador de nuevas y más intensas protestas. La gente ya siente que los sacrificios exigidos por la CSS no tenían sentido si las élites siguen disfrutando de beneficios que ellos no tienen.
Un ajuste en las pensiones de los administradores de justicia, jueces y otros, en un momento tan delicado para el sistema de pensiones panameño, no solo sería mal recibido, sino que podría encender la mecha de un conflicto social aún mayor. Después de la lucha por la Ley 462 de la CSS, el pueblo está sensible a cualquier señal de injusticia y desigualdad en materia de pensiones, o en cualquier otro tema que tenga un ribete de índole social. Un privilegio para un grupo, especialmente uno de los más poderosos del país, sería visto como una afrenta directa a los sacrificios que se le han pedido a la mayoría de los ciudadanos y podría tener graves consecuencias para la estabilidad social y la credibilidad de las instituciones del Estado.