La auditoría integral de la mina de cobre de 10.000 millones de dólares inhabilitada por orden judicial desde 2023 en Panamá culminará en abril, informó este miércoles el ministro panameño de Ambiente, Juan Carlos Navarro, que resaltó que este insumo es vital para decidir el futuro del yacimiento.
La mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, es la única explotación de ese mineral en el país. Quedó inhabilitada luego de que el contrato de concesión fue declarado inconstitucional en noviembre de 2023 por la Corte Suprema, lo que supuso la pérdida de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos.
En cualquier caso, "todo lo que se haga se hará con una férrea supervisión ambiental, tal como lo estamos haciendo ahora" y bajo un "mucho rigor técnico", destacó el jefe del despacho de Ambiente.
La auditoría integral, estructurada a seis meses, es desarrollada por la empresa SGS Panamá Control Services Inc., cuyo contrato fue refrendado por la Contraloría panameña en octubre pasado.
Cuidado y mantenimiento
El proceso de auditoría está centrado "en los aspectos ambientales más relevantes y en la revisión de 32 informes de la fase de construcción y 10 del periodo de operación de la mina", abarcando "lo ejecutado durante la etapa de diseño y construcción, con el propósito de verificar el cumplimiento previo a la actual fase de Cuidado y Mantenimiento, aprobada mediante el Plan de Preservación y Gestión Segura", dijo en su momento el Ministerio de Ambiente.
El presidente Mulino ya ha dicho que confía en que en junio próximo su Gobierno anunciará la decisión sobre el futuro de la mina, tras conocer los resultados de una auditoría integral en marcha "y la opinión de los expertos internacionales que determinarán la viabilidad o no de un proyecto que siempre debe ser sostenible y beneficioso a los intereses del país".
La reapertura de la mina es tema que gravita en Panamá: los ambientalistas y sectores civiles organizados insisten en que el proyecto es perjudicial y debe seguir cerrado, mientras que los extrabajadores del enclave, sectores económicos y una parte de la población claman por su reactivación.