El director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá, Zorel Morales, advirtió que el cierre de la mina ha tenido consecuencias económicas que el país ya está sintiendo en el sector minero, al afectar un 5 % del Producto Interno Bruto, el 78 % de las exportaciones y cerca del 2 % del empleo, cifras que según dijo no pueden desaparecer del panorama económico “sin esperar consecuencias”.
Según el representante del sector minero, las inversiones inversionistas internacionales han sido claros en sus conversaciones con la Cámara: nadie pondrá un centavo mientras no se defina qué pasará con la mina o se encuentre una solución clara y legal al conflicto.
Moratoria minera y debate constitucional
Morales explicó que la Ley 407, que establece una moratoria minera, solo prohíbe las concesiones, pero recordó que la Constitución, en su artículo 257, contempla cuatro mecanismos para otorgar derechos sobre el subsuelo: concesiones, contratos, empresas mixtas y empresas estatales.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el cierre de la mina fue una decisión política más que legal, ya que existían alternativas constitucionales para resolver el conflicto sin afectar la imagen del país ante la comunidad internacional.
Además, cuestionó la moratoria por considerarla contradictoria con el artículo 259 de la Constitución, que declara la explotación de los recursos del subsuelo como de interés público y bienestar social. Aunque confirmó que existe una demanda de inconstitucionalidad preparada, señaló que no es el momento político adecuado para presentarla, para evitar mayor polarización.
Sector minero: Auditoría integral y desinformación
El director de la Cámara Minera defendió la auditoría integral de la mina como un paso clave para esclarecer el debate, y pidió que el proceso se mantenga alejado del ruido político. A su juicio, el cierre se basó en un cúmulo de desinformación que circuló en redes sociales y que influyó en la opinión pública.
“Hay que basarse en datos, en evidencia técnica y en la opinión de expertos, no en lo que se dice en la calle”, subrayó, al tiempo que aseguró que una auditoría realizada por una firma de prestigio permitirá que “la verdad vuelva a flotar”.
Morales incluso relató que, tras foros informativos, jóvenes que participaron en protestas han reconocido que actuaron sin información completa, y que al conocer los datos técnicos cambiaron su percepción sobre la minería.
Rechazo a los contratos ley y llamado a fortalecer instituciones
El representante del sector minero reiteró el rechazo de la Cámara Minera a los contratos ley, recordando que ya han sido declarados inconstitucionales en el pasado y que su uso genera desconfianza ciudadana. En su lugar, planteó la necesidad de actualizar y reglamentar el Código Minero, incorporando temas como cierre técnico de minas, seguridad minera y manejo de relaves.
Finalmente, Morales insistió en que el desarrollo de la minería en Panamá pasa por un fortalecimiento institucional real, especialmente del Ministerio de Ambiente, al que pidió dotar de independencia y herramientas técnicas para una fiscalización efectiva. “Si el Estado se pone serio, se gana el respeto de la ciudadanía”, concluyó.
