El proyecto de ley 168 que proponía modificaciones a la Ley 350 regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, fue vetado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, por inconveniente. La iniciativa ha sido devuelta al Órgano Legislativo, acompañada de algunas observaciones.
Entre otros aspectos, el mandatario destaca objeciones al Artículo 1 sobre los requisitos para la emisión de certificado de idoneidad, indicando que según el análisis realizado se “disminuyó la rigurosidad existente”.
El jefe del Ejecutivo sostiene que "la flexibilización de los requisitos para el ejercicio de la abogacía en nuestro país puede generar desconfianza en la sociedad y percibirse como una disminución de los criterios de formación y evaluación profesional".
Tampoco ve conveniente que se suprima la competencia otorgada a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la aplicación del examen profesional de acceso a la idoneidad.
El proyecto 168, buscaba darle una alternativa a la población estudiantil de considerar el examen de barra como prueba opcional y no obligatoria.