En medio de algunas voces que ven con preocupación la iniciativa del Ejecutivo para cumplir con estándares internacionales, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, aclaró los beneficios para Panamá una vez se apruebe la ley de sustancia económica.
Propuesta sustentada por el MEF
Chapman destacó que lo que busca esta ley es disminuir los costos de hacer negocios en Panamá, eliminar lo que llamamos también fricción financiera.
"Cada vez que realiza una operación financiera con su país de origen, al importar un producto, hacer una remesa, tiene costos adicionales, tiene que atravesar una diligencia de vida tortuosa, que se traduce en más tiempo que incrementa los costos. Entonces, cuando estas empresas analizan la posibilidad de invertir en el país, su costo de capital es más alto", dijo.
Discusión del proyecto arranca el lunes
La Asamblea Nacional a través de la Comisión de Economía iniciará el primer debate el próximo lunes 11 de mayo con un foro donde escucharán a las voces en contra y a favor del proyecto de ley.
Optimismo empresarial
El sector empresarial desde ya estará muy pendiente de las modificaciones que pueda sufrir el proyecto de ley en la Asamblea Nacional en estas sesiones extraordinarias.
"El país debe salir de las listas discriminatorias, tiene que hacer todo el esfuerzo para salir de las listas discriminatorias. Eso tiene que analizarse a través de un debate. Nosotros no podemos promover las acciones delictivas a nivel internacional, ni el narcotráfico, ningún tipo de delito. Sin embargo, al momento de hacer análisis de las exigencias que ponen los organismos, tenemos que ser muy sesudos, muy puntuales para no afectar nuestra estructura de negocio", sostuvo Rubén Castillo Gil, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
El Gobierno impulsa una ley que pena con un impuesto del 15 % sobre la renta bruta generada en Panamá a las empresas multinacionales que no demuestren su actividad económica en el país, como parte de los esfuerzos para salir de la lista de la Unión Europea (UE) de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.