El 2024 será un año con incertidumbre para Panamá, que se enfrenta a un proceso electoral y también deberá reconstruir su economía, sin los ingresos de la mayor minera de cobre, cuya actividad fue suspendida.
A la crisis social desatada por este contrato, se sumó también el escenario político, cuyo Gobierno defendió el contrato. Sin embargo, el ministro de Comercio e Industrias (Mici), Federico Alfaro, quien negoció el contrato minero, renunció el pasado jueves 30 de noviembre al cargo y en su reemplazo ocupó el puesto Jorge Rivera Staff.
La negativa a este contrato minero llevó a Panamá a una crisis social en el último mes que dejó pérdidas de unos 1.700 millones de dólares.
Sin duda alguna, la economía panameña se enfrenta a un 2024 desafiante respecto a su economía, luego de que el contrato con Cobre Panamá, la decimocuarta mina de cobre más grande del mundo en cuanto a producción y la mayor de Centroamérica, fuera suspendido y sus operaciones cesadas.
Algunos expertos han apuntado que el cierre de la mina aumentaría además el riesgo país con la eventual pérdida del grado de inversión, bajada de los bonos panameños y el deterioro de las finanzas públicas.
Cerrar ese proyecto de manera segura y ordenada, de acuerdo a los estándares internacionales, tardaría entre 10 a 15 años con un costo millonario.
La disputa entre la empresa minera y el Estado parece haberse trasladado al escenario internacional, donde se enfrentarán a un arbitraje por una demanda multimillonaria tras el cese del contrato.