Panamá atraviesa un momento crucial en su relación con Estados Unidos (EE.UU.), marcado por la confusión, las versiones contradictorias y la opacidad gubernamental. Así lo plantea Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, quien advierte que lo que está en juego es mucho más que un memorándum: es la vigencia del Estado de derecho.
Dos narrativas, una preocupación: ¿a quién creerle?
Manifestó públicamente la necesidad de que el Gobierno panameño aclare qué tipo de acuerdo ha firmado con EE.UU. Si un memorándum de entendimiento, una declaración conjunta o un documento vinculante y sobre qué bases legales se está sosteniendo.
“Todo esto tiene que pasar tres estándares: el de nuestra Constitución, el del control de convencionalidad y el del contenido de los tratados internacionales", explicó De Obaldía, dejando claro que si lo pactado modifica normas existentes, debe pasar por la Asamblea Nacional.
La directora subraya que el artículo 159 de la Constitución otorga a la Asamblea la responsabilidad de aprobar tratados y convenios, y cuestiona si este supuesto "memorándum" podría estar evadiendo ese control legal.
¿Cooperación o trato desigual entre Panamá y Estados Unidos?
Una de las mayores inquietudes es el tratamiento que se estaría dando a los barcos de Estados Unidos en su paso por el Canal. “Si Panamá termina pagando por el cruce de los barcos estadounidenses, eso debe manejarse con claridad", sostiene. "El Canal tiene una normativa que exige trato igualitario para todas las naciones".
Trasfondo internacional
Más allá de lo técnico, De Obaldía advierte sobre una transformación profunda en el orden global, donde el poder vuelve a imponerse sobre el derecho.
Para ella, lo que ocurre con Panamá no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia más amplia en la que EE.UU. ha debilitado sus propias leyes anticorrupción, dando margen a que regímenes autoritarios alrededor del mundo se sientan validados.
Llamado a la transparencia
El mensaje de la Fundación es claro: el gobierno debe publicar y explicar todos los documentos relacionados con este acuerdo. Solo así podrá asegurarse que Panamá actúa conforme a su Constitución y al derecho internacional.
