La Fiscalía Superior Anticorrupción mantiene abiertas 334 investigaciones por el manejo de fondos de descentralización. Hasta ahora, las auditorías de la Contraloría han detectado una posible lesión patrimonial superior a 41 millones de dólares, mientras las pesquisas continúan en distintas juntas comunales del país.
Hasta el momento, la Contraloría ha enviado 73 auditorías al Ministerio Público. De esas, 49 encontraron irregularidades que suman aproximadamente 41.4 millones de dólares sin justificar, mientras que 24 no detectaron afectaciones.
La fiscal aclaró que la cifra de 214 millones de dólares mencionada anteriormente corresponde al monto total denunciado inicialmente, pero aún faltan muchas auditorías por concluir.
Obras que nunca aparecieron
Uno de los hallazgos más frecuentes son proyectos que fueron pagados, pero que no existen. Según explicó Castillo, cuando los investigadores visitan las comunidades junto a especialistas, encuentran terrenos vacíos o lugares donde nunca se construyó la obra que aparecía en los documentos.
Pagos a personas que no demostraron trabajar
Otra de las irregularidades detectadas son pagos por supuestos servicios profesionales. La fiscal indicó que varias personas recibieron dinero de las juntas comunales, pero no pudieron demostrar que realizaron el trabajo por el que fueron contratadas. En algunos casos, incluso tenían otro empleo al mismo tiempo.
Cheques de menos de $2,000 para evitar controles
Las investigaciones también revelaron que muchos pagos se hacían por montos cercanos a los 2,000 dólares.
Según la fiscal, esto permitía dividir los gastos y reducir los controles administrativos. Además, varios de esos cheques fueron entregados a familiares de autoridades o personas cercanas a ellas.
También investigan el llamado “cashback”
El Ministerio Público analiza casos en los que algunas personas cobraban cheques y luego devolvían parte del dinero a quienes manejaban los fondos.
Esta modalidad, conocida como “cashback”, forma parte de varias investigaciones abiertas en distintas juntas comunales del país.
Hay representantes y familiares implicados
Castillo confirmó que algunos representantes de corregimiento y familiares aparecen entre las personas que recibieron fondos sin una justificación clara. Incluso hay autoridades reelectas que ya enfrentan procesos judiciales y medidas cautelares mientras avanzan las investigaciones.
Aún faltan muchas auditorías
La fiscal señaló que la Contraloría continúa enviando informes y que el monto bajo investigación podría aumentar.
Por eso, aseguró que el Ministerio Público sigue recopilando pruebas y realizando verificaciones en las comunidades para presentar casos sólidos ante los tribunales y determinar las responsabilidades correspondientes.
