El exrepresentante del corregimiento de El Coco de La Chorrera (2019-2024), Emmanuel Quintero y dos extesoreros de esta Junta comunal fueron aprehendidos esta madrugada mediante operativo en conjunto entre la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).
Durante las diligencias de allanamiento realizados en Panamá Oeste y Chiriquí, previamente autorizadas por un Juez de Garantías, la Fiscalía ubicó indicios relacionados a las investigaciones.
Los exfuncionarios están siendo vinculados al presunto delito contra la administración pública en su modalidad de peculado que dejó un perjuicio económico de aproximadamente B/. 181,661.51 al Estado.
Estas acciones desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación, se dan tras investigación iniciada por el mal manejo y uso de fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), correspondiente al periodo del 2 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024, de la Junta Comunal de El Coco. En este caso, se investiga una lesión patrimonial al Estado por B/. 52, 838.01, que estaban a cargo de los funcionarios aprehendidos.
Auditorías de la Contraloría
La investigación incluye un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que refiere una incorrección en los desembolsos utilizados por la Junta Comunal de El Coco, que no evidencia los documentos que sustenten el uso de 147 cheques.
Igualmente, la Fiscalía mantiene otro proceso por denuncia presentada por la Dirección General de la Autoridad Nacional de Descentralización, por la presunta comisión de delito Contra La Administración Pública, relacionada con el Programa de Interés Social (PDIS).
En esta investigación, se anexó un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que indica una incorrección en el manejo de los desembolsos, por la ausencia de documentos que sustenten el uso que se le dio a 324 cheques, lo que ocasionó una afectación económica al patrimonio del Estado por B/.128,823.50, que estaban a cargo de las personas aprehendidas.
Estas personas serán puestas a disposición de un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes, donde los fiscales solicitarán la legalización de aprehensiones, imputaciones y las medidas cautelares.