Luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmara que la Ley de amnistía, presentada por el diputado del Partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, el pasado 29 de julio ante la Asamblea Nacional, no tiene su aprobación, se activó la controversia en diferentes sectores.
Rechazo a la Ley de amnistía
En un comunicado oficial del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional desearon "dejar constancia de su rotundo rechazo al anteproyecto de ley 'Que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto, rebaja de pena y concesión de libertad condicional, modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal'".
La relación directa que tiene este proyecto de Ley con el caso del expresidente Ricardo Martinelli, es evidente, y la Fundación pone en tela de juicio las intenciones de esta "iniciativa".
"El objetivo del citado proyecto es impedir que cumplan su condena una serie de exfuncionarios investigados y procesados por delitos contra la Administración Pública, en especial el expresidente Ricardo Martinelli. En este último caso, se trata de una de las pocas condenas por blanqueo de capitales lograda por el Sistema de Administración de Justicia en un esquema de gran corrupción, con afectación millonaria al erario", citaron en su mensaje.
Dado que esta Ley introduciría reformas al Código Penal, este permitiría aplicar el indulto o la amnistía a delitos comunes, "más allá de los delitos políticos que contempla la Constitución". Así, estaría introduciendo múltiples definiciones que contradicen la doctrina nacional e internacional en esta materia.
Impacto en percepción de las calificadoras de riesgo internacional
Desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, destacaron el impacto negativo que la aprobación de esta Ley tendría en la percepción internacional de las calificadoras de riesgo como Moody's, Standard & Poor's y Fitch, siendo entidades que ya de por sí manifestaron una rebaja en la calificación crediticia de Panamá, a finales de la pasada administración.
"Las agencias citaron la falta de transparencia gubernamental, la interferencia política en el sistema judicial y la percepción de corrupción generalizada como factores claves que socavan la confianza de los inversores y amenazan la estabilidad económica a largo plazo de Panamá", citaron en su comunicado, expresando su descontento respecto a siquiera considerar esta Ley como una posibilidad, solo para beneficiar a unos pocos, sin pensar en el gravísimo impacto que tendría en el país.
Finalmente, hicieron un llamado a todos los sectores políticos y a la ciudadanía en general a "oponerse a esta iniciativa que debilitaría la separación de poderes, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado".
"Por legislar para favorecer a una sola persona, se abre la puerta a otros infractores. Instamos a los diputados a priorizar el país sobre intereses partidistas o individuales", concluyeron.
Postura del presidente José Raúl Mulino
Durante la tercera Conferencia de Prensa del presidente de la República, José Raúl Mulino, fue el primero en rechazar dicha Ley, informando que el borrador llegó a sus manos por primera vez el miércoles 31 de julio.
"Eso no tiene mi consenso ni mi aceptación ni nada que se parezca. Yo actuaré en función de la ley", afirmó.
Asimismo, comprometido con evaluar, desde su perspectiva de abogado, las intenciones detrás de este proyecto, aseguró no haber hablado del tema con ningún diputado. "Respeto la iniciativa legislativa de cada quien, pero ese es mi criterio", concluyó.