Tras las elecciones del 5 de mayo en Panamá, la incertidumbre se cierne sobre más de 20 candidatos electos, quienes enfrentan impugnaciones y demandas de nulidad presentadas ante los juzgados electorales. Estas acciones legales ponen en vilo la asunción de sus cargos el próximo 1 de julio.
Algunos de los casos más destacados incluyen la impugnación de diputados electos como Alain Cedeño y Omar Ortega, del partido Realizando Metas (RM), así como candidatos de la coalición Vamos, como Alexandra Brenes, Eduardo Gaitán, Luis Duke y Yerelis Rodríguez, quienes han sido objeto de acciones legales por parte del PRD.
José Ruiloba Pineda, ex candidato a diputado por San Miguelito, ha presentado impugnaciones que podrían afectar directamente las curules de la coalición Vamos, generando tensiones en el panorama político.
También se suman a las impugnaciones de Cecibel García, madre de la exdiputada Katleen Levy, quien impugnó a todo el circuito 8-6.
Con esta nueva impugnación, se suman a la lista de diputados electos: Betsarai Richards, del Movimiento Independiente Panamá; Manuel Samaniego, de la coalición Vamos; y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático.
A la lista de impugnaciones también se suma la del diputado Nelson Jackson del circuito 3-2, Colón
Estos casos ilustran una situación compleja, donde los resultados electorales enfrentan desafíos legales que podrían alterar significativamente la distribución de poder en el país.
Con cada demanda de nulidad, se pone en evidencia la necesidad de una resolución justa y transparente por parte de los juzgados electorales.
En Panamá, las impugnaciones electorales se rigen por el artículo 465 del Código Electoral, que establece una serie de causales para la presentación de demandas de nulidad. Estas incluyen desde irregularidades en el proceso de votación hasta violaciones a las garantías constitucionales y electorales.
Con la fecha de asunción de cargos cada vez más cercana, la resolución de estas impugnaciones adquiere una importancia crucial para la estabilidad política y la legitimidad del proceso electoral en el país.