La seguridad jurídica se ha convertido en un tema clave en el ámbito de las concesiones portuarias en Panamá. Rommel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima, ofreció una mirada profunda sobre los desafíos que enfrenta el país en este sector y cómo las políticas gubernamentales impactan tanto la inversión extranjera como la competitividad en el mercado global.
Por ejemplo, en los primeros contratos portuarios, como el de Manzanillo Internacional, se implementó un contrato ley para protegerse de las posibles fluctuaciones de cada administración. Esto se vuelve crucial, ya que si un gobierno decide cambiar las condiciones, el contrato ley ofrece un amparo jurídico, algo fundamental para que las inversiones extranjeras no se vean afectadas por la inestabilidad política.
¿Cómo se explican las auditorías contradictorias que surgen en el gobierno actual?
El problema surge cuando se reconocen auditorías previas y, de repente, se da paso a nuevas auditorías sin aclarar si la anterior es válida o si la nueva busca complementarla. Esto genera desconcierto entre los actores internacionales y genera desconfianza en el mercado. Al mismo tiempo, surge la pregunta sobre cómo se puede renegociar una concesión portuaria sin tener en cuenta el canal ampliado, lo que deja en evidencia una falta de conocimiento o de planificación.
Concesiones portuarias son una fuente clave de inversión, ¿Cómo impactan en la rentabilidad de los inversionistas?
Las concesiones portuarias tienen un ciclo de vida largo debido a la magnitud de la inversión. Un muelle con 3 o 4 grúas pórtico puede superar los $120 millones de dólares. Esta inversión necesita tiempo para ser recuperada, y no se puede esperar que en los primeros 20 años se logre rentabilidad. Los contratos deben contemplar plazos más largos, y el sistema de renovación automática asegura que el inversionista recupere lo invertido.
Sin embargo, para que haya una inversión real, el contrato debe garantizar la estabilidad jurídica. Si el país cambia las reglas del juego, no habrá forma de atraer más inversión portuaria. Un contrato estable es necesario para asegurar la viabilidad a largo plazo, lo cual, en un contexto como el de Panamá, es crucial para mantener la competitividad en el sector.
¿Qué tan estratégico es el canal de Panamá en este contexto?
El canal de Panamá tiene una importancia fundamental en el comercio global, pero el país no tiene carga local propia para exportar. El sector portuario panameño se basa en el transbordo, es decir, en la reubicación de carga que viene de otras partes del mundo. No obstante, hay una fuerte competencia de otros puertos, como los de México y Colombia, que también luchan por capturar carga en el mercado del Pacífico.
El transbordo es una operación fundamental, pero no debe considerarse como un valor exclusivo que solo Panamá pueda ofrecer. Otros países están desarrollando sus capacidades para atraer esa misma carga, lo que convierte a el país en un actor más en un mercado competitivo, no en el único. Además, el país solo provee una ubicación estratégica, pero no tiene control sobre la carga misma.
¿Qué pasa si se cambia la concesión sin respetar la seguridad jurídica?
Cambiar las concesiones portuarias sin considerar los contratos y la seguridad jurídica podría ser perjudicial para el país. En caso de que las auditorías o las renegociaciones no se realicen de acuerdo con los contratos establecidos, esto podría generar incertidumbre y desconfianza, lo que afectaría la imagen de Panamá como destino de inversión.
Si se eliminan o modifican las concesiones, no solo se violaría la seguridad jurídica, sino que también se podría afectar el interés de países como Estados Unidos, que tienen operadores portuarios en Panamá. Esto podría complicar aún más la situación, ya que hay un riesgo de que los inversionistas se vean disuadidos de operar en Panamá si sienten que las condiciones no son confiables.
