La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó levantar la medida cautelar de suspensión provisional ordenada contra la construcción de la carretera Quebrada Ancha-María Chiquita, conocido como "Corredor del Caribe" en la provincia de Colón por considerar que incidirá positivamente en las comunidades.
En sus consideraciones la magistrada también señaló al impacto ecológico y el peligro a la población por la no conclusión de esta carretera "debido a la inestabilidad del terreno producto de su erosión", así como aquellas afectaciones económicas por la paralización del proyecto.
Hay que recordar que el proyecto denominado "Corredor del Caribe", ha sido duramente cuestionado por los daños ambientales ocasionados a la reserva natural privada Sierra Llorona, ubicada en Santa Rita, provincia de Colón, además de un posible incumplimiento en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
"La decisión de acceder a la presente solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, no debe suponer, ni considerarse, como un pronunciamiento adelantado de la decisión de fondo", agregó la magistrada.
Pronunciamiento de la CSJ genera reacciones
La abogada Susana Serracín Lezcano, quien presentó en su momento la demanda de nulidad contra este proyecto, reaccionó tras el pronunciamiento de la magistrada Chen Stanziola.
La jurista destacó que la sustentación de la magistrada genera "contradicciones" al argumentar que el objeto de la demanda es justamente evitar mayores daños ambientales en la reserva forestal.
Reiteró además la inconveniencia de fragmentar los EIA en tramos, lo que dificulta un análisis integral de los impactos que genera una obra, vista como un todo.
"El tramo 1 del proyecto, fue analizado minuciosa y responsablemente por organizaciones ambientalistas, quienes presentamos objeciones a dicho EIA y cuya consulta ciudadana estuvo repleta de irregularidades y el mismo fue retirado del Ministerio de Ambiente por los propios consultores antes de que el mismo emitiera una resolución aprobando o rechazándolo", sentenció.
Las agrupaciones ambientalistas se mantendrán vigilantes hasta tanto el pleno de la CSJ emita un pronunciamiento de fondos sobre este proyecto, cuya inversión supera los $91.6 millones.