El más reciente resultado del Índice de Percepción de la Corrupción vuelve a colocar a Panamá ante un desafío estructural que involucra corrupción, justicia y transparencia. El país se mantiene con 33 puntos, reflejando una tendencia de estancamiento que, según el abogado Carlos Barsallo, demuestra que las acciones adoptadas hasta ahora no logran modificar la valoración internacional.
El jurista explicó que el indicador “es un índice de índices”, compuesto por 13 mediciones reconocidas a nivel global, como el Índice de Estado de Derecho, el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial. Destacó también que, se trata de una evaluación técnica basada en múltiples fuentes.
Aunque Panamá no empeoró, Barsallo advirtió que mantenerse en el mismo puntaje no debe interpretarse como un logro y subrayó que, en años anteriores el país llegó a tener 35 puntos, lo que evidencia una tendencia a la baja o al estancamiento.
El abogado enfatizó que el índice del próximo año ya comenzó a medirse, por lo que el momento de actuar es inmediato. Comparó la situación con un boxeador que debe entrenar apenas termina una pelea si quiere obtener mejores resultados en la siguiente.
Justicia e impunidad bajo la lupa internacional
Uno de los ejes centrales señalados por Barsallo es el funcionamiento del sistema de justicia. A su juicio, el combate real contra la corrupción pasa por garantizar procesos sólidos, independientes y efectivos, no por acciones que generen impacto mediático sin resultados finales.
En ese sentido, sostuvo que detenciones preventivas o aprehensiones llamativas no equivalen necesariamente a justicia, especialmente si no culminan en condenas definitivas. A su vez, destacó la importancia de fortalecer la protección de denunciantes y aplicar con rigor las leyes sobre conflicto de intereses. Y, recordó que contar con normas no es suficiente si no se implementan de manera efectiva y sostenida.
Según su análisis, la percepción internacional no se modifica con anuncios o reformas superficiales, sino con resultados comprobables que demuestren independencia real de las autoridades encargadas de investigar y sancionar.
Casos emblemáticos y percepción pública
El caso Odebrecht continúa siendo un referente obligado cuando se analiza la gran corrupción en Panamá. Barsallo explicó que este tipo de procesos son observados con atención porque involucran sobornos, licitaciones y abuso de poder para beneficio personal. Si bien la empresa fue condenada, el abogado advirtió que el cumplimiento efectivo de las sanciones es clave.
Asimismo, señaló que los acuerdos de pena pueden generar la sensación de que la corrupción resulta rentable si no hay consecuencias proporcionales. Otro elemento determinante es el tiempo. El proceso ha tardado años y aún faltan instancias judiciales.
Planteó que la justicia no debe ser ni precipitada ni excesivamente lenta. La demora, explicó, puede diluir el impacto de las sanciones y disminuir el interés ciudadano, lo que incide indirectamente en la percepción internacional.
Reformas estructurales y cambios de fondo
Panamá forma parte del grupo de países que se mantuvieron sin cambios dentro de los 182 evaluados. Frente a ese escenario, Barsallo cuestionó si el país quiere permanecer igual o aspirar a mejorar, como lo han logrado otras naciones en períodos relativamente cortos.
Mencionó ejemplos como Rwanda y Georgia, que implementaron transformaciones institucionales visibles desde el exterior. A su juicio, el país requiere un plan integral que contemple reformas profundas y no ajustes cosméticos. Entre los elementos fundamentales destacó la independencia real de las autoridades, dotarlas de recursos suficientes, tanto financieros como humanos, y garantizar que puedan investigar incluso a quienes las designaron.
El abogado concluyó que sin cambios estructurales que generen confianza y resultados medibles, Panamá continuará repitiendo el mismo puntaje en el Índice de Percepción de la Corrupción, manteniendo una imagen internacional que no refleja avances sustanciales en la lucha contra este problema.
