El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves una futura propuesta para reformar el registro de la marina mercante, la mayor del mundo, de cara a hacerla más "competitiva" en medio de las tensiones con China por las detenciones de buques de bandera panameña en sus puertos.
"A partir de julio, presentaremos un proyecto de ley reorganizando nuestra marina mercante con visión de futuro, volviéndola competitiva y menos rígida en cuanto a la burocracia y a la toma de decisiones por parte de quienes la regenten", detalló el mandatario.
Así, el mandatario explicó que "la idea es dejar una Dirección General de Marina Mercante operativa en el tiempo que pueda competir con nuestros competidores" pues Panamá tiene el mayor registro naval del mundo, con más de 8.000 naves bajo su bandera, gracias a los amplios beneficios fiscales que ofrece, entre otros.
Mulino anunció hoy la desescalada de las tensiones con China después de que el gigante asiático aumentara las detenciones en sus puertos a embarcaciones con bandera panameña luego de un fallo judicial anulara las concesiones al conglomerado chino CK Hutchison de la operación de dos puertos situados cerca del Canal.
Arbitrajes
Estas retenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas o inspecciones adicionales por parte de las autoridades portuarias chinas, pero sí derivaron en tensiones entre ambos países y el rechazo de la comunidad internacional.
Pese a que no dejó claro si hay un cese de las detenciones de los buques bajo bandera panameña en puertos chinos, Mulino adelantó que hay pendiente una reunión entre autoridades de ambos países en China para dialogar sobre esa situación.
El Gobierno chino ya reconoció que la polémica en torno a los dos puertos se resuelve ante los juzgados internacionales y no como un conflicto diplomático entre países después de hacer una "comunicación" a Panamá, según adelantó Mulino la semana pasada.
CK Hutchison y su filial en Panamá, Panama Ports Company (PPC), interpusieron un arbitraje contra el Estado panameño por más de 2.000 millones de dólares, mientras los importantes puertos que explotaban, Balboa (Pacífico) y Colón (Caribe), son administrados de manera transitoria por una filial de Maersk y el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC).