El consorcio CK Hutchison, Panama Ports Company (PPC) ha iniciado un proceso de arbitraje contra el Estado panameño, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar la inconstitucionalidad de la Ley 5 de 1997 que estableció los contratos para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.
La empresa asegura que hubo "extensos esfuerzos a lo largo de un año para consultar y evitar disputas" y advirtió que solicitan una amplia indemnización.
"PPC pide una indemnización amplia basada en una evaluación de datos financieros relevantes, sujeta a una pronta resolución, y ciertos otros remedios, según resulte necesario. PPC y sus inversionistas continúan reservándose permanentemente todos sus derechos como trasfondo del arbitraje, y en adición a los demás aspectos de su campaña, durante el último año, el Estado panameño optó por revertir sus posiciones sostenidas durante largo tiempo con respecto al marco jurídico y contractual, incumplió sus obligaciones bajo el contrato y dio inicio, impulsó y/o respaldó procedimientos legales destinados a destruir el contrato de concesión, el cual fue el resultado de un proceso de licitación internacional transparente", destacó.
El gobierno de Panamá ha anunciado un proceso de transición en los puerto tras el fallo del Supremo.