Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que impacta a Panamá Ports Company (PPC), la Cámara Marítima de Panamá advierte sobre la necesidad de dar claridad al proceso de fallo, puertos y transición, con el fin de garantizar la continuidad operativa, la estabilidad laboral y la confianza de los actores internacionales del sector.
Indicó que, si bien se respeta la decisión de la Corte Suprema de Justicia, persiste la necesidad de asegurar que los contratos y trabajos en curso continúen ejecutándose, para evitar afectaciones al flujo de carga y al ecosistema marítimo nacional.
Gómez subrayó que, antes del fallo, existía un alto nivel de incertidumbre entre navieras y operadores internacionales, quienes solicitaban información sobre el futuro de las operaciones portuarias en Panamá.
Movimiento de carga y contratos internacionales
Las terminales de Balboa y Cristóbal concentran cerca del 40 % del movimiento de carga del país, equivalente a unos cuatro millones de TEU anuales, en su mayoría carga de transbordo. Este volumen posiciona a ambas instalaciones como piezas clave dentro del sistema logístico panameño.
El presidente del gremio recordó que la planificación de rutas y contratos portuarios se realiza con años de anticipación, por lo que cualquier cambio sin lineamientos claros podría afectar la credibilidad de Panamá como hub marítimo regional.
Además de los operadores principales, otras navieras internacionales mantienen acuerdos vigentes con estas terminales, por lo que consideró fundamental que dichos compromisos sean respetados durante el proceso de transición.
Transición operativa y rol del Estado
Tras el fallo, el Ejecutivo anunció que APM Terminals asumirá la operación, con la participación de la Autoridad Marítima de Panamá y otras entidades del Estado. No obstante, la Cámara Marítima indicó que aún se requiere mayor información sobre los mecanismos y plazos de esta transición.
Gómez explicó que los modelos actuales de concesión portuaria a nivel internacional incluyen indicadores de desempeño que permiten evaluar tanto al operador privado como a las instituciones públicas involucradas.
En ese contexto, destacó que el Estado debe establecer reglas claras y ejercer una fiscalización efectiva, para garantizar que el proceso se desarrolle sin afectar la eficiencia operativa de los puertos.
Sostenibilidad y ajustes regulatorios
El fallo también abre la discusión sobre la modernización del marco regulatorio del sector portuario. Gómez sostuvo que las futuras licitaciones deben contemplar criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social.
En materia ambiental, señaló que las principales navieras están incorporando exigencias relacionadas con la descarbonización y el uso de puertos verdes, un aspecto en el que Panamá aún enfrenta limitaciones normativas y técnicas. Por ello, consideró necesario actualizar la Estrategia Marítima Nacional, vigente desde 2008, para incorporar temas como energía limpia, ciberseguridad y nuevas demandas del comercio marítimo internacional.
Incertidumbre laboral y aspectos legales
Otro de los puntos de atención es la situación laboral de los trabajadores vinculados a las terminales portuarias. Aunque hasta el momento no se han reportado interrupciones en las operaciones, el gremio reconoce que existe expectativa sobre cómo se manejarán los aspectos laborales.
Gómez indicó que estas definiciones deben ser establecidas por el Ministerio de Trabajo y la Autoridad Marítima de Panamá, a fin de garantizar la continuidad del empleo y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y, señaló que cualquier posible acción legal derivada del fallo deberá ser evaluada por las instancias correspondientes, tomando en cuenta el contexto judicial y diplomático del país.
