La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, defendió este lunes la demanda de disolución del sindicato Suntracs ante un tribunal laboral, asegurando que no se trata de una "persecución política", sino de una medida legal sustentada en que la organización “se ha apartado permanentemente de sus fines”.
Sobre Saúl Méndez y el liderazgo del sindicato
Consultada sobre el dirigente Saúl Méndez, quien recibió asilo político en Bolivia mientras enfrenta una investigación por supuestos delitos de estafa y blanqueo de capitales, la ministra fue tajante:
“Yo creí que era un verdadero dirigente obrero, pero los actos hablaron por sí mismos. Extendimos la mano con buena fe, incluso se les reactivaron las cuentas, pero resultó ser un error”. También afirmó que no se arrepiente del acercamiento inicial: “Escuchamos a las partes, dimos acceso al ministerio y hasta el presidente los recibió. Fue un gesto político de buena voluntad, pero no se correspondió con una conducta responsable”.
¿Qué pasará si se disuelve Suntracs?
Muñoz explicó que si un juez acoge la demanda y se disuelve el sindicato, los bienes pasarán, por ley, a la central o federación a la que esté adscrito. Esto no lo decide el Ejecutivo, dijo, sino el Poder Judicial.
Además, aclaró que no se necesita una condena penal para aplicar la figura legal de disolución, ya que la Constitución y el Código de Trabajo permiten esa vía si hay un alejamiento reiterado de los fines sindicales.
Críticas a la permisividad del pasado
La ministra también fue crítica con sus antecesores: “Muchos han sido permisivos. Este sindicato ha intimidado trabajadores, ha controlado el acceso a obras y ha cobrado para permitir entrar a trabajar. Eso es inaceptable”.
Finalmente, negó que se trate de una estrategia del Gobierno para dar un golpe ejemplar: “No es el más fuerte, es el que más ha utilizado la fuerza y la intimidación. Panamá necesita sindicatos, pero no uno que monopolice la construcción ni que coarte el derecho al trabajo”.
