La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, solicitó este miércoles la derogación de la resolución que autoriza a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el control total del servicio de recolección de residuos en el distrito, tras una decisión adoptada por el Consejo de Gabinete para evitar una posible crisis sanitaria.
“Nos enteramos por redes sociales y la Gaceta Oficial”, cuestiona Hernández
Durante una conferencia de prensa, Hernández criticó la forma en que se comunicó la decisión, asegurando que no hubo notificación previa a las autoridades municipales.
La jefa del gobierno local calificó la decisión como una centralización de un servicio municipal, y reiteró que debe ser revisada y anulada.
Cuestionamientos por contratos y presunta falta de ética
Hernández también se refirió a la contratación de tres empresas que debían iniciar operaciones el 19 de enero, señalando irregularidades en el proceso y la falta de refrendo de los contratos.
Según explicó, durante el proceso de licitación realizado en diciembre recibió una llamada del contralor general, solicitando una reunión con la propietaria de Revisalud, lo que a su juicio genera dudas sobre el debido proceso, la ética y posibles intereses intermedios.
AAUD justifica la medida por posible agravamiento de la crisis
Por su parte, el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, defendió la decisión del Ejecutivo, señalando que existen indicios claros de que la crisis de la basura podría agravarse tras la salida de Revisalud.
Moreno recordó que la AAUD ya había realizado una intervención temporal en el distrito; sin embargo, esta no logró resolver completamente el problema.
Tensión entre municipio y Gobierno Nacional
La decisión ha generado un nuevo choque entre el Gobierno Nacional y el Municipio de San Miguelito, en medio de una situación crítica por la acumulación de residuos y el riesgo sanitario para la población.
Mientras la AAUD insiste en que la centralización es una medida preventiva, la alcaldesa Hernández mantiene su postura de que la resolución debe ser derogada y que el municipio debe conservar la administración del servicio.