El abogado Abdiel González presentó una nueva denuncia penal ante el Ministerio Público contra la alcaldesa de Arraiján, Stephanie Peñalba, por una serie de presuntos actos que afectarían la administración de justicia en el distrito.
“El problema es real y comprobable: llegamos a las Casas de Paz y no hay expedientes, no hay documentos. Eso limita funciones y afecta directamente la justicia”, afirmó el jurista, quien asegura representar a varias personas perjudicadas por esta situación.
Cierre de Casas de Paz: el eje central de la nueva denuncia penal
El abogado detalló que estos hechos podrían configurar presuntos delitos contra la administración pública, entre ellos sustracción de documentos públicos, abuso de poder y extralimitación de funciones, por lo que solicitó que se investigue la responsabilidad directa de la alcaldesa.
González también recordó otros episodios polémicos atribuidos a la jefa del municipio, como el derribo del monumento a la descendencia china, acciones contra kioscos de buhonería y la falta de asistencia a sesiones del Consejo Municipal, lo que a su juicio evidenciaría una conducta autoritaria y conflictiva.
Denuncia contra alcaldesa de Arraiján
Otro punto clave de la denuncia está relacionado con la Avenida Bruja, vía estratégica que conecta la Interamericana con las esclusas de Miraflores y Cocolí. El abogado cuestionó la intención del municipio de cobrar cerca de 17 mil dólares a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), pese a que el artículo 316 de la Constitución establece que la ACP está exenta de tributos municipales cuando se trata de obras vinculadas a la operación del Canal.
“La negativa del municipio mantiene detenido un proyecto clave para inversiones millonarias previstas en la hoja de ruta del Canal para 2026”, advirtió González, señalando que esta situación podría afectar intereses estratégicos del Estado panameño.
Finalmente, el abogado hizo un llamado a que los jueces de paz sean citados a rendir declaración para esclarecer si existieron amenazas, intimidaciones o irregularidades en el retiro de los expedientes, y cuestionó que hasta ahora la alcaldesa no haya dado su versión pública de los hechos.
Mientras tanto, el escenario político en Arraiján sigue tenso: siete de los nueve concejales solicitaron desde hace un año la separación del cargo de la alcaldesa, petición que aún espera pronunciamiento de la Gobernación. El caso queda ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existen méritos para avanzar en la investigación.
