Los diputados de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, aprobó el informe de objeción al proyecto de ley No. 23, por el cual se regulan las empresas estatales y que buscaba excluir a funcionarios designados en altos mandos de estas empresas de recibir las indemnizaciones establecidas en sus convenciones colectivas.
En su veto, el Ejecutivo considera que las disposiciones planteadas en el proyecto aprobado por el pleno Legislativo vulneran derechos fundamentales de los servidores públicos y, "por mantener incongruencias con otras leyes", por lo que solicitó a la Asamblea Nacional revisar el contenido para garantizar una correcta aplicación de las leyes.
La propuesta de ley, surgió en respuesta a las indemnizaciones en la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), donde se reveló que a pocos días de que el presidente José Raúl Mulino asumiera el control del país, al menos 14 funcionarios de Etesa serían liquidados y recibirían indemnizaciones que, en conjunto, sumaban al menos $1.6 millones.
La proponente de esta iniciativa, diputada Ariana Coba, manifestó que se acotarán las sugerencias hechas por el Ejecutivo sobre el veto parcial y como corresponde el Reglamento Interno, para luego presentarlo a segundo debate, nuevamente, con estas correcciones, para hacerlo Ley de la República.
De igual forma, la comisión acogió el prohijamiento del anteproyecto que modifica la Ley 45 de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa a la competencia.