La intención de Panamá de adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debe empezar por compromisos firmes con la transparencia y gobernanza, destaca la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). Este gremio empresarial reitera que la decisión debe evaluarse con objetividad.
El gremios sostiene que ser parte de la OCDE exige no solo cumplir estándares, sino demostrar "capacidad de reforma y coherencia institucional".
Revisión integral del Estado
La presidenta de la Apede, sostiene que la adhesión de Panamá a la OCDE, funciona como un motor de reformas que promueven la eficiencia del gasto público, la competencia económica y la rendición de cuentas.
"Panamá llega a esta etapa con desafíos estructurales: una deuda pública que supera el 66% del PIB, un entorno institucional débil y una confianza ciudadana en retroceso. En ese contexto, la adhesión podría convertirse en una oportunidad de revisión integral del Estado, siempre que se enfoque en elevar la calidad de las políticas públicas y fortalecer la gobernanza", agrega.
Los países miembros de la OCDE utilizan herramientas como el Análisis de Impacto Regulatorio, la evaluación ex post de políticas y el Presupuesto por Resultados. No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor, de justificar cada decisión con evidencia y resultados.
Panamá ha avanzado en algunos frentes: salió de la Lista Gris del GAFI (2023), fue excluido de la lista europea de alto riesgo (2025) y adoptó el Instrumento Multilateral de la OCDE contra la evasión fiscal. Son pasos relevantes, pero el desafío real está en sostenerlos en el tiempo y traducirlos en instituciones más sólidas y transparentes.
Tema será abordado en CADE 2026
Ser parte de la OCDE implica demostrar respeto al Estado de Derecho, independencia institucional y políticas públicas basadas en evidencia.
De Sanctis recordó que el CADE 2026, uno de los eventos insignias de la Apede, estará dedicado a este tema, donde se analizará junto a expertos nacionales e internacionales, cómo aprovechar este proceso de manera responsable, garantizando que cada compromiso contribuya al bienestar del país.
"La OCDE no es una meta ni una garantía de éxito. Es un proceso complejo que puede exponer con mayor claridad nuestras debilidades estructurales. Si el país no fortalece su Estado de Derecho, su sistema de justicia y su institucionalidad fiscal, el proceso de adhesión podría quedarse en un ejercicio formal sin resultados tangibles. La pertenencia a organismos internacionales no sustituye la voluntad política ni la capacidad técnica de hacer reformas sostenibles", aclara De Sanctis.
La Apede advierte que la adhesión a la OCDE debe servir para poner a prueba nuestras instituciones, medir nuestras políticas y rendir cuentas con rigor.