El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció que impugnará las decisiones judiciales que han frenado algunas de las principales medidas de su política de mano dura contra el crimen, después de acumular tres reveses judiciales en poco más de un mes de gobierno.
Tres fallos judiciales contra la ofensiva de seguridad
En el último mes, diferentes jueces han emitido decisiones que limitan algunas de las operaciones impulsadas por el Gobierno.
Entre ellas, se ordenó suspender los bombardeos cuando exista información sobre la posible presencia de menores de edad, retirar de las redes sociales videos que muestran cadáveres y detener las pruebas de aspersión aérea de cultivos de uso ilícito.
Ante estos fallos, De la Espriella aseguró que su Gobierno respetará las decisiones judiciales, aunque dejó claro que recurrirá los mecanismos legales disponibles para controvertirlas.
Gobierno defiende estrategia contra el narcotráfico
De la Espriella ha convertido la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en uno de los principales ejes de su Gobierno.
El mandatario suele divulgar en redes sociales videos de los resultados de los operativos, acompañados de música de guerra y cerrados con su habitual grito de “¡Viva Cristo rey!”.
Su promesa de campaña es doblegar a los carteles y organizaciones criminales mediante una política de mano dura, con el apoyo de Estados Unidos.
Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, por lo que la lucha contra los cultivos ilícitos y las estructuras del narcotráfico ocupa un lugar central en la agenda de seguridad del Gobierno.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan los métodos
La estrategia de seguridad del presidente ha generado críticas de sectores de la oposición, organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos vinculados a la libertad de prensa.
Uno de los principales puntos de controversia es el uso de la aspersión aérea para combatir los cultivos de coca mediante un herbicida cuestionado por organizaciones sociales y ambientales.
Una fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos denunció haber recibido amenazas de muerte anónimas después de presentar una acción judicial para detener las pruebas de aspersión aérea de narcocultivos.
La situación añade presión al Gobierno colombiano, que deberá enfrentar el desafío de mantener su ofensiva contra las organizaciones criminales mientras responde a los límites establecidos por los tribunales.
