El nuevo gobierno de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, radicó este lunes ante el Congreso de mayoría oficialista un proyecto de ley para que los ricos paguen más impuestos y financiar con nuevos recursos sus ambiciosos programas sociales contra la pobreza y la desigualdad.
La iniciativa busca "fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva" y reducir las exenciones a "los más pudientes", según un resumen oficial compartido a los medios.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que la carga impositiva recaerá sobre las personas naturales con ingresos mensuales superiores a los 10 millones de pesos de ingresos mensuales (unos 2.300 dólares), que representan el 2,4% de la población.
"El mayor aumento es solamente para unas 34.000 personas" consideradas como los "ultraprivilegiados en el sistema tributario colombiano", agregó Ocampo.
Con la reforma, el gobierno de Petro aspira percibir 25 billones de pesos para 2023 (USD 273.000 millones), lo que equivale al 1,72% del PIB, y 50 billones para 2026 mediante una recaudación más efectiva.
También fija nuevos impuestos al patrimonio, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados como embutidos, a las herencias y ganancias ocasionales, por ejemplo premios de lotería.
Según el gobierno, los ingresos tributarios representan hoy el 13% del PIB, por debajo del promedio de Latinoamérica (14,8%).
Petro asumió el domingo con un plan de reformas profundas que apuntan a fortalecer al Estado, reducir la pobreza que castiga al 39% de los 50 millones de colombianos y acortar la brecha entre ricos y pobres, la más amplia de la región según el índice de desigualdad de Gini.
También prometió dejar atrás el modelo extractivista y transitar hacia las energías limpias y el cuidado del medio ambiente. La reforma presentada este lunes plantea aumentar los impuestos a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, así como a los plásticos de un solo uso.
El nuevo mandatario recibe unas finanzas duramente golpeadas por la pandemia, con un déficit fiscal estimado del 5,6% del PIB para este año y una deuda pública que ronda el 56,5%.
