El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, se refirió en el programa En Contexto, que mantienen seguimiento de los casos de supuestos abusos a migrantes en Darién. Leblanc indicó que los migrantes a veces son engañados por los llamados “coyotes”, quienes los despojan de sus dineros y pertenencias.
Resaltó que mantienen comunicación con el gobierno de Colombia para establecer rutas seguras para los migrantes.
“Pero, por lo menos un flujo que pueda ser controlado por migración y el Servicio Nacional de Fronteras”, manifestó.
El Defensor del Pueblo señaló que la mayoría de los migrantes haitiana que no vienen de la isla, vienen de países del sur, como Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina y Surinam.
Bajo Chiquito, comunidad receptora de migrantes en Darién
En cumplimiento de las medidas provisionales aplicadas a Panamá, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre migración, con base en el fallo Vélez Loor, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González realizó una gira por Bajo Chiquito, comunidad receptora de migrantes, en Darién, junto a personal del Ministerio Público, Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Servicio de Migración y del Consejo Noruego para verificar las condiciones existentes.
Como parte de la gira por la comunidad Bajo Chiquito, Comarca Emberá Wounaan hay una reunión con autoridades tradicionales (Nokó), en el Centro Educativo Básico General de Bajo Chiquito, Nelson Rosales y con los dirigentes de Marragantí, Clemere Dequía y de la comunidad de Villa Caleta, Jorge Casamá.
Igualmente, el defensor explicó que se le está dando seguimiento a casos de presunta violación o actos libidinosos a migrantes, en ruta de acceso al país, en Darién, para determinar responsables, entre los que podrían figurar los “coyores” e insurgentes, pues el trayecto por la selva de Darién es de 267 kilómetros de extensión; y por otra parte se verificará que la población de Bajo Chiquito, comunidad tránsito de migrantes, se esté beneficiando de las medidas aplicadas por el Ministerio de Salud y de la Organización Médicos Sin Fronteras.
En el 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el caso Vélez Loor, un ecuatoriano que denunció violaciones a su condición de migrante en Panamá, que el país debía resarcir económicamente al afectado y cumplir medidas provisionales para evitar situaciones similares, velando por el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes.