El Centro de Incidencia Ambiental insiste que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, puede tomar medidas para frenar el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Esta es una de las vías que todavía quedan, para evitar las violaciones constitucionales en el contrato minero, a juicio del Centro de Incidencia Ambiental. Los activistas insisten en que la aprobación del polémico contrato no fue correcta, además cuestionan la ausencia de una licitación pública para la concesión.
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"Aquí se cerraron y se bloquearon los canales de información, diálogo y a la información del derecho y a la participación ciudadana a la transparencia, entonces el gobierno es el que ha abierto que la protesta social sea la forma de expresarse de la ciudadanía", dijo Lilian González, del centro de incidencia ambiental. "Aquí se cerraron y se bloquearon los canales de información, diálogo y a la información del derecho y a la participación ciudadana a la transparencia, entonces el gobierno es el que ha abierto que la protesta social sea la forma de expresarse de la ciudadanía", dijo Lilian González, del centro de incidencia ambiental.
González también dijo que cuando se dio el fallo de inconstitucionalidad sobre el contrato minero, lo que debió generar el ejecutivo, es que se detuviera el proyecto.
"No puedes operar una concesión minera sin un contrato", manifestó Lilian González, del centro de incidencia ambiental. "No puedes operar una concesión minera sin un contrato", manifestó Lilian González, del centro de incidencia ambiental.
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Contrato minero todavía puede frenarse, según ambientalistas.
Nito Cortizo no deroga ley de contrato minero, se mantiene
El ingeniero ambiental Roderick Gutiérrez salió en defensa del contrato, y lo calificó mejor que el primero de 1997.
"375 millones de dólares que es el mínimo garantizado que dice el contrato representa el 33% de utilidades, eso es después de todos los gastos que se tiene", explicó Roderick Gutiérrez, ingeniero ambiental. "375 millones de dólares que es el mínimo garantizado que dice el contrato representa el 33% de utilidades, eso es después de todos los gastos que se tiene", explicó Roderick Gutiérrez, ingeniero ambiental.
Si el Ejecutivo no toma una medida la última palabra quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia.
