El abogado especialista en derecho ambiental Harley Mitchell afirmó que la auditoría integral que realiza la empresa SGS sobre la actividad minera en el país debe convertirse en una herramienta para fortalecer la gestión pública, aunque advirtió que por sí sola no resolverá los problemas de credibilidad que enfrentan las instituciones encargadas de supervisar el sector.
A su juicio, el principal aporte de la auditoría será organizar y sintetizar información que durante años ha permanecido dispersa en distintas entidades del Estado.
Una herramienta técnica, no política
Mitchell explicó que la auditoría no debe verse como un instrumento de sanción ni como una herramienta política para justificar decisiones futuras sobre la actividad minera.
Según sostuvo, los posibles incumplimientos ambientales ya forman parte de procesos administrativos y expedientes que manejan las autoridades competentes, particularmente el Ministerio de Ambiente.
Agregó que uno de los principales objetivos del estudio es presentar de forma más clara y comprensible décadas de información técnica relacionada con la operación minera.
Riesgos ambientales y costos de cierre
El especialista destacó que uno de los temas más relevantes del informe tiene relación con los costos asociados al eventual cierre de la mina y las responsabilidades financieras derivadas de ese proceso.
Indicó que los análisis contemplan escenarios en los que la empresa debería asumir esos costos, pero también advierten sobre riesgos que podrían trasladar parte de esa carga al Estado panameño en determinadas circunstancias.
Asimismo, señaló que la auditoría revisa aspectos relacionados con el manejo de aguas, las tinas de relave y otros riesgos ambientales identificados previamente por los estudios de impacto ambiental y los organismos reguladores.
No obstante, aclaró que la existencia de fisuras o riesgos estructurales forma parte de la operación normal de este tipo de infraestructuras y que lo relevante es verificar que existan mecanismos adecuados de monitoreo y mitigación.
Credibilidad institucional
Mitchell considera que uno de los aspectos más importantes que debe analizar la auditoría es el desempeño de las propias instituciones encargadas de supervisar la actividad minera.
A su juicio, la necesidad de recurrir a una revisión externa refleja la falta de confianza que parte de la población mantiene hacia las entidades públicas.
También cuestionó que gran parte de la información técnica disponible no haya sido explicada de forma más accesible a la ciudadanía y planteó que el Ministerio de Ambiente y otras entidades deben asumir un rol más activo en la divulgación de los hallazgos.
Para Mitchell, una vez concluido el proceso, el desafío será garantizar que las recomendaciones contenidas en el informe se traduzcan en mejoras concretas para la supervisión y gestión de los recursos minerales del país.
