El gobierno de Panamá propuso este miércoles a los indígenas que se oponen a una hidroeléctrica financiada por bancos europeos cambiar a los administradores de la planta para que inicie sus operaciones, en un clima de creciente tensión, informó la vicepresidenta Isabel De Saint Malo.
Esta hidroeléctrica, limítrofe con la comarca indígena Ngäbe Buglé, pertenece a la empresa panameña Genisa y está financiada por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El gobierno panameño "se compromete a realizar los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco sea administrado y operado por un nuevo grupo de profesionales especializados en operación y mantenimiento de centrales de este tipo", dice la propuesta.
Tras la reunión, De Saint Malo confirmó que se sentía "confiada" en la posibilidad de que Genisa abandone el proyecto para llegar a un acuerdo con los indígenas y comenzar las operaciones de la planta.
"Le hemos dicho claramente a Genisa que la posición de las autoridades tradicionales es que ellos deben salir del proyecto, pero nosotros somos respetuosos de la seguridad jurídica (...) y ellos tendrían que tomar esa decisión", dijo De Saint Malo.
El proyecto fue suspendido por el gobierno panameño en febrero de 2015 por incumplimientos ambientales y cuando llevaba un 95% de avance, aunque posteriormente permitió a la compañía realizar labores de mantenimiento.
Con capacidad para producir 28 megavatios, la hidroeléctrica es rechazada por grupos de indígenas Ngäbe Buglé y campesinos porque temen la pérdida de sus tierras y la destrucción del río Tabasará, del que se alimentará la central.