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Juan Diego Vásquez: Contralor debió renunciar por dignidad

El diputado independiente Juan Diego Vásquez señaló que ha solicitado varias investigaciones a la Contraloría, pero ninguna se ha realizado.

Vivian Jaén
Por Vivian Jaén
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El diputado independiente Juan Diego Vásquez se refirió este miércoles sobre el contrato minero y señaló que la Contraloría General de la República debe realizar una investigación patrimonial por lesiones.

"El primero que debió renunciar por dignidad al lado de los ministros de Comercio, es el contralor de la República, ya que lamentablemente el Contralor refrenda, ratifica, permite y promueve los actos que este Gobierno ha hecho que van en contra de los intereses del país", aseveró. "El primero que debió renunciar por dignidad al lado de los ministros de Comercio, es el contralor de la República, ya que lamentablemente el Contralor refrenda, ratifica, permite y promueve los actos que este Gobierno ha hecho que van en contra de los intereses del país", aseveró.

Vásquez indicó él ha solicitado varias investigaciones a la Contraloría, pero que lamentablemente ninguna se ha realizado.

"El Contralor ya se debió enterar en su oficina o en su casa que hubo un fallo, que encontró que algo que él vio como bueno tenía 25 violaciones a la Constitución, hay que ver qué piensa el Contralor en estos momentos y qué va a pasar", afirmó. "El Contralor ya se debió enterar en su oficina o en su casa que hubo un fallo, que encontró que algo que él vio como bueno tenía 25 violaciones a la Constitución, hay que ver qué piensa el Contralor en estos momentos y qué va a pasar", afirmó.

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Juan Diego Vásquez: Contralor debió renunciar por dignidad.

Señaló que la experiencia que se vivió con el arbitraje en el tema con el contrato minero se asemeja a lo ocurrido con Grupos Unidos por el Canal (Consorcio que realizó la ampliación del Canal de Panamá y que demandó a la vía interoceánica), el cual duró años.

"Esto puede trascender no solamente este Gobierno que está por terminar, sino el que viene y puede hasta terminar el siguiente, lo que significa que el presidente Cortizo a quien le respeto su capacidad y cargo de presidente de la República, no puede pensar que lo que el escoge o diga es la verdad absoluta, cuando lamentablemente para el país se ha equivocado", acotó. "Esto puede trascender no solamente este Gobierno que está por terminar, sino el que viene y puede hasta terminar el siguiente, lo que significa que el presidente Cortizo a quien le respeto su capacidad y cargo de presidente de la República, no puede pensar que lo que el escoge o diga es la verdad absoluta, cuando lamentablemente para el país se ha equivocado", acotó.

El diputado hizo un llamado a establecer una ruta país y no una ruta PRD o independiente.

"Los jefes de las bancadas fuimos hace un mes donde el Arzobispo cuando el tema del contrato minero no había reventado para solicitarle que le dijera al presidente de la República que queríamos hablar con él y que nos escuchara por lo menos; hoy estoy aquí sentado un mes después esperando esa reunión", contó. "Los jefes de las bancadas fuimos hace un mes donde el Arzobispo cuando el tema del contrato minero no había reventado para solicitarle que le dijera al presidente de la República que queríamos hablar con él y que nos escuchara por lo menos; hoy estoy aquí sentado un mes después esperando esa reunión", contó.

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Cabe destacar que, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el pasado martes 28 de noviembre, inconstitucional una concesión estatal de explotación minera de cobre otorgada a una compañía canadiense, luego de semanas de intensas protestas en el país

"Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país", dijo en su momento la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López. "Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país", dijo en su momento la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López.

Esa ley es la que dio aprobación en el Congreso al contrato con la minera First Quantum, que suponía la explotación por 20 años de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, con opción a prórroga por 20 años más, con un pago anual a las arcas estatales de 375 millones de dólares.

El acuerdo desató las mayores protestas en Panamá en décadas. Muchos ciudadanos consideraban que había una pérdida de soberanía y que la lucrativa mina, que representa el 1% de la producción mundial de cobre y el 5% del Producto Interno Bruto del país, debía dejar más recursos para el erario público.

También se manifestaron por las consecuencias ambientales de esta explotación minera.