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Transparencia en declive: Asamblea de Panamá se encuentra entre las peor evaluadas

El estudio ubica a la Asamblea de Panamá en el grupo de naciones con menor puntuación, junto a Guatemala, Uruguay y República Dominicana.

Redacción Eco
Por Redacción Eco

La Asamblea de Panamá está en la décima posición entre 14 países y su puntaje está entre los más bajos de la región en cuanto a transparencia, según señalan los resultados de la sexta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 (ILTL 2023).

Asamblea de Panamá

Dicho informe presentado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI Panamá), le da un puntaje de 38.93%, a la Asamblea de Panamá (debajo de la media), ubicándose dentro de los países con menores puntajes.

En 2020, el país también quedó en el puesto 10, con una nota de 35.2%, y aunque esta vez obtuvo una leve mejora en la calificación (38.93%), no logró entrar al grupo de países que están por encima del promedio regional (42.13%), puntaje que si lograron Chile, Perú, Costa Rica, México, Paraguay, Argentina, Colombia y Ecuador

El estudio ubica a Panamá en el grupo de naciones con menor puntuación, junto a Guatemala, Uruguay, República Dominicana, Bolivia y Honduras. La investigación, que se hace pública a 31 días de las elecciones generales del próximo 5 de mayo, fue presentada este miércoles 3 de abril en el atrio del Tribunal Electoral, en un acto organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.

Los indicadores que ponen de manifiesto esta calificación son: Normatividad Labor del Congreso Presupuesto y Gestión Administrativa, y Participación Ciudadana.

El ILTL 2023 evaluó cuatro aspectos:

Normatividad: toma en cuenta la existencia de leyes y reglamentos respecto a temas de transparencia y participación. En este asunto, Panamá sacó 55.3%. En 2020 obtuvo 15.5%.

Labor del congreso: mide las prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo de la función legislativa. La Asamblea local obtuvo 47.9% vs 48.6% que tenía hace dos años.

Presupuesto y gestión administrativa: evalúa el nivel de transparencia en el uso de los recursos públicos asignados para la labor del congreso. Panamá fue calificado con 9.8%, mientras que en 2020 le dieron una nota de 11.8%.

Participación ciudadana: mide la existencia de políticas que faciliten el acceso e intervención ciudadana en los diferentes procesos legislativos. El palacio Justo Arosemena sacó 46.3% y en 2020 obtuvo 50%.

La investigación califica de “desfasada en exceso” la actual legislación sobre declaración patrimonial. También advierte que “carece de los requisitos mínimos para ser considerada un instrumento de transparencia”.

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Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados.

Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados.

“En general, los diputados no están obligados a hacer declaración patrimonial al iniciar o finalizar sus respectivos periodos. En el ámbito legislativo, esta obligación solo existe para el presidente y para los funcionarios de manejo. Sin una reforma apropiada a la Ley, los documentos que hoy conocemos como declaraciones patrimoniales carecen de eficacia como instrumento de fiscalización ciudadana”, se lee en el documento. “En general, los diputados no están obligados a hacer declaración patrimonial al iniciar o finalizar sus respectivos periodos. En el ámbito legislativo, esta obligación solo existe para el presidente y para los funcionarios de manejo. Sin una reforma apropiada a la Ley, los documentos que hoy conocemos como declaraciones patrimoniales carecen de eficacia como instrumento de fiscalización ciudadana”, se lee en el documento.

“Entre los principales hallazgos de esta edición se encuentra que el promedio regional de transparencia aumentó de 39,6% en 2020 a 42,18% en 2023. Esto implica una leve mejora del conjunto, debido a que gran parte de los congresos progresaron en lo que respecta al manejo presupuestario y administrativo, así como en políticas de participación ciudadana”, reveló Olga de Obaldía, directora del FDLC-TI Panamá.

Obaldía agregó que el informe evidencia que diez de 14 países de la región no superaron el umbral del 50%, lo que se traduce en grandes cuentas pendientes en busca de lograr congresos más abiertos y representativos.