El exfiscal del Ministerio Público, Giovanni Olmos, señaló que los recientes retrasos en el Caso Odebrecht responden a fallas en la notificación de personas vinculadas al proceso. Advirtió que estas demoras, sumadas a las constantes reprogramaciones, mantienen la preocupación ciudadana ante la falta de avances en uno de los casos de corrupción más relevantes del país.
Señaló que se deben buscar alternativas diplomáticas y electrónicas para disciplinar las notificaciones, tal como exige el Código Procesal Penal.
Aunque parte de la población interpreta los retrasos como impunidad, resaltó que no puede hablarse de ello hasta que se celebre la audiencia oral. Aun así, reconoció que la percepción pública es comprensible debido a la cantidad de aplazamientos.
Un caso emblemático sin pronunciamiento de fondo
El exfiscal recordó que otros países sí lograron avances significativos en procesos relacionados con Odebrecht, como condenas, cooperación y devoluciones de fondos. En Panamá, sin embargo, aún no existe un pronunciamiento judicial de fondo, y el caso podría extenderse hasta diez años más por eventuales recursos.
Advirtió que esta situación abre el riesgo de prescripción, lo que reforzaría la percepción de impunidad. Además, señaló que el volumen del expediente "miles de fojas a cargo de una sola jueza" requiere mayor apoyo del Órgano Judicial.
Exfuncionarios y el impacto del fuero en el avance del caso
Sobre la citación de los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, Olmos indicó que no debe interpretarse desde un enfoque personal, sino como parte del proceso penal. Afirmó que el fuero penal erosiona la persecución penal y afecta las expectativas ciudadanas de una justicia efectiva.
Detalló que Varela ha presentado sus argumentos dentro del proceso, mientras que Martinelli mantiene una exposición pública constante que permite conocer su ubicación.
Sistema sobrecargado y falta de apoyo institucional
El exfiscal subrayó que, además del tribunal, el Órgano Judicial en pleno también tiene responsabilidad en los retrasos. Mencionó que la Corte Suprema debe fijar fechas, atender rupturas procesales y garantizar la ejecución de los actos judiciales.
Describió el manejo del expediente como “asfixiante” para el equipo del juzgado liquidador y reiteró la necesidad de mayor apoyo tecnológico y de recursos humanos para resolver los problemas de notificación y permitir que el caso avance.
