Según el analista político Juan McKay, solicitar la derogatoria de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS) no tiene sentido, argumentando que si se deroga, el país quedaría en un "limbo", sin regresar a la norma de 2005.
El analista explicó que crear una norma nueva de un día para otro no es posible porque la Ley 462 fue discutida y, aunque no gustó a todos, fue aprobada, sugiriendo que en lugar de una derogatoria total, sería más práctico modificar artículos específicos de la norma, siempre que exista consenso y que regresar al sistema de 2005 no sea una opción válida porque "está probado que no funcionó", razón por la cual se hicieron cambios. Además, afirmó que pedirle al Estado que subvencione el seguro social no es factible por falta de fondos.
Historia de las reformas
McKay indicó que gobiernos anteriores, incluyendo el PRD, Varela y Martinelli, "patearon la lata" al posponer las reformas y desde 2005 se advirtió que la caja entraría en crisis en 2020.
El analista sostuvo que "hoy estamos pagando las consecuencias de no haber enfrentado lo que se tenía que haber enfrentado" y a pesar del costo político para presidentes y diputados, era necesario hacerlo para mantener la CSS.
McKay detalló que en los últimos 15 años, "ni un artículo" se tocó y que la ley actual enfrenta un desafío de falta de fondos suficientes por norma para 2025, mencionando que el crecimiento de Panamá se redujo y que pedir más dinero significaría más deuda para el país.
Exigencia de grupos sindicales
McKay analizó el poder de grupos que, según sus datos, obtuvieron muy pocos votos en las elecciones (menos del 2 %, unos 24 mil votos) y que aunque tienen el respaldo de muchos grupos sindicales, carecen de respaldo popular.
La prueba, según él, es que las marchas "no llegan a mil personas", cuestionando acciones como atacar escuelas, prohibir la llegada de estudiantes o amenazar a maestros.
El analista distinguió estas movilizaciones de las protestas de octubre y noviembre de 2023 contra la minería, las cuales eran un tema distinto y se combinaron con un "hartazgo contra el gobierno de Nito y de Gaby", afirmando que otros sindicatos "están buscando poder" y "negociar", sugiriendo que en otros gobiernos "les han pagado para que se queden callados".
En definitiva, McKay concluyó diciendo que la problemática de la situación es que "no se está diciendo la verdad" y que deberían convencer a la gente con la verdad en lugar de causar daño.
