El exdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Abad, aseguró que la extradición del libanés Ali Zaki Jalil por el atentado contra el vuelo de Alas Chiricanas podría abrir nuevas líneas de investigación sobre redes terroristas internacionales vinculadas al ataque ocurrido en Panamá en 1994.
“Fue un atentado terrorista”
Abad sostuvo que las investigaciones realizadas junto a autoridades estadounidenses e israelíes permitieron confirmar que se trató de un ataque terrorista ejecutado por una célula vinculada a grupos extremistas que operaban en Sudamérica. El exdirector recordó además que el atentado ocurrió poco después del ataque contra la AMIA en Argentina.
Según explicó, las investigaciones enfrentaron enormes limitaciones tecnológicas y logísticas debido a las condiciones de la época y al lugar donde cayó la aeronave, en una zona selvática de difícil acceso.
Investigación podría revelar nuevos implicados
Abad considera que el proceso judicial contra Ali Zaki Jalil podría aportar información clave para identificar otros responsables o colaboradores vinculados al atentado.
También indicó que Estados Unidos podría eventualmente solicitar la extradición del acusado debido a que entre las víctimas había ciudadanos estadounidenses.
Cuestiona manejo de escenas del crimen en Panamá
Durante la entrevista, el exdirector de la PTJ también expresó preocupación por el manejo actual de las escenas del crimen y la preservación de evidencias en Panamá. A su juicio, separar el área de criminalística de la Policía de Investigaciones afectó la capacidad técnica de las investigaciones.
Abad aseguró que existen fallas en la recolección y preservación de pruebas que terminan debilitando procesos judiciales.
Sistema penitenciario enfrenta crisis
El exjefe policial también abordó la situación del sistema penitenciario, señalando que históricamente ha sido “la cenicienta” de los gobiernos por falta de recursos y planificación.
Además, alertó sobre el ingreso de armas y otros objetos prohibidos a los centros penales, así como la dificultad de lograr procesos efectivos de reinserción social. “El sistema penitenciario enfrenta un problema enorme y requiere decisiones mucho más firmes”, concluyó.
