Giovanni Olmos, exfiscal, compartió su visión sobre los desafíos inmediatos que enfrentará el próximo Procurador General de la Nación. Según Olmos, la institucionalidad y la eficiencia dentro del Ministerio Público requieren reformas urgentes para enfrentar la crisis de impunidad y mejorar el sistema judicial del país.
Reformas necesarias y la certeza del castigo
Olmos enfatizó la necesidad de llevar adelante reformas importantes que permitan generar un “Estado de derecho adecuado”. Esto, según el exfiscal, es crucial para garantizar que la justicia sea eficaz y que haya certeza en el castigo de los delitos.
Además, instó al nuevo procurador a darle continuidad a los casos de alto perfil, que permanecen sin resolución, lo que, a juicio de Olmos, socava la confianza en el sistema judicial.
Despersonalización y liderazgo institucional
Olmos también destacó la importancia de que el procurador se despersonalice al asumir el cargo, dejando atrás su identidad profesional para convertirse en un líder institucional. “Él debe ser el jefe que transmita estabilidad, tranquilidad y, sobre todo, seguridad jurídica”, subrayó Olmos. Esto incluye no solo tomar decisiones estratégicas, sino también mantener una comunicación constante con los fiscales y otros actores clave del sistema judicial.
La propuesta de ley de extinción de dominio
Uno de los retos más importantes que Olmos propone al nuevo procurador es llevar a discusión la ley de extinción de dominio. Según el exfiscal, esta medida ayudaría a combatir la sensación de impunidad en el país.
La reestructuración de la D.I.J. y el papel de los fiscales superiores
Olmos también sugirió una reestructuración del cuerpo de fiscales, especialmente de la Dirección de Investigación Judicial (D.I.J.), sugiriendo que este departamento debería pasar a formar parte del Ministerio Público. La integración de la D.I.J. con los fiscales adjuntos permitiría una mejor coordinación y eficacia en las investigaciones, según el exfiscal.
Además, destacó la importancia de una revisión de los fiscales superiores, quienes deben asumir un papel más operativo, particularmente en casos de alto perfil. Olmos señaló que los fiscales adjuntos están sobrecargados de trabajo y necesitan más apoyo, sugiriendo que el procurador debe evaluar si el sistema actual sigue siendo viable.
Necesidad de un cambio dentro del Ministerio Público
Por último, Olmos advirtió sobre el colapso del modelo de gestión actual dentro del Ministerio Público, especialmente en cuanto al manejo de los expedientes. Según él, la sobrecarga de trabajo ha provocado demoras de años en la resolución de casos. “Es necesario un cambio de modelo, con mayor personal de apoyo para los fiscales, para dar fin a investigaciones que, en muchos casos, se prolongan innecesariamente”, afirmó Olmos.
