De acuerdo al edicto No. 1089, publicado este 4 de septiembre, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) archivó la denuncia del diputado Betserai Richard contra el perredista Jairo Salazar, luego de determinar que no se cumplió con el fundamento de la autoridad competente.
La competencia para la presentación de la denuncia fue crucial. Richards interpuso la acción penal en la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, pero de forma unánime, los magistrados coincidieron que las denuncias o querellas contra un diputado deben ser presentadas en la secretaría de la Corte.
"Resulta que tampoco un juez de paz tiene competencia para poder revisar nuestro caso. Dos diputados, según las normas panameñas no pueden ir a un juez de paz, por lo tanto puede existir un conflicto dentro de la Asamblea Nacional, te pueden dar una golpiza, quedar incapacitado hasta 29 días y la Corte diría que aquí no pasó nada", agregó el diputado.
Mientras, Daniel Lombana, abogado de Richards, señaló que este "tecnicismo" envía un "mensaje social" por parte de los magistrados.
"La ciudadanía siente que hay personas que escapan, hay ciudadanos de primera clase, de segunda clase, hay una justicia para una clase, hay una justicia para otra clase y continuar mandando esos mensajes en nocivo", destacó el jurista.
Prueba idónea: Un blindaje
La denuncia penal fue por lesiones personales, un hecho que tuvo origen el pasado 21 de julio en el Salón Thelma King de la Asamblea Nacional, donde el diputado del PRD, Jairo Salazar le propinó varios golpes a su colega Betserai Richards.
El diputado Jorge Bloise, admitió que el tema de la prueba idónea, va a seguir permitiendo que los diputados estén blindados.
Desde la Asamblea Nacional, vía del Reglamento Interno o a través del Código de Ética no existe ningún mecanismo de sanción contra los diputados que fomenten altercados. Este medio en reiteradas ocasiones llamó al diputado Jairo Salazar, pero no respondió.