En su sesión ordinaria de este jueves 5 de octubre, la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley 120, “que adopta medidas para la construcción de baños públicos.”
Puntualizó que es importante que gobiernos y autoridades locales garanticen que todos espacios públicos cuenten con baño público accesible, limpio y seguro.
Siguiendo esta línea, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 1067, “que establece la creación de baños públicos para la tercera edad y discapacitados en el Metro de Panamá”.
Se refieren a los pro y los contra de esta iniciativa
Juan Cedeño, en representación del Metro de Panamá, luego de escuchar la exposición del proponente, afirmó que con la aprobación de una ley no necesariamente se va a resolver el problema. Explicó que la infraestructura del Metro no cuenta con espacio para instalar baños públicos, y que en algunos casos de emergencia, le ofrecen a los usuarios los que están habilitados para los empleados.
El diputado Tito Rodríguez, proponente del proyecto, indicó que le hubiera gustado no presentar ese proyecto de ley, pero es una necesidad y no puede entender cómo se hacen estas obras sin que se contemplen baños, no solo para adultos mayores, sino para mujeres embarazadas y discapacitados, así como para personas que tienen que hacer sus necesidades cada 15 minutos.
Bioseguridad en puertos panameños
Otra iniciativa abordada en la comisión fue la que implementa medidas de bioseguridad que deben ser aplicadas a los contenedores de carga marítima en todas las terminales portuarias del país. Para ello se aprobó en primer debate el proyecto de ley N° 1066.
La finalidad de este proyecto es erradicar cualquier tipo de riesgo a la salud humana y prevenir la inserción en nuestro país de plagas invasoras que puedan amenazar la producción nacional agrícola, animal, la fauna y flora susceptible de producirse por la manipulación de la carga interna.
Esta medida se debe a la gran cantidad de contenedores que llegan al país de diferentes puertos, por lo que la ley busca el tratamiento necesario para que estos contenedores sean revisados por las autoridades panameñas.