Este lunes 14 de julio, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate dos proyectos de ley fundamentales para modernizar el marco legal panameño en materia de delitos cibernéticos: los proyectos 61 y 205. La votación del Proyecto de Ley 61 fue respaldada por 51 diputados.
La norma incluye nuevos tipos penales como el acceso no autorizado a sistemas informáticos, la interceptación ilícita de datos y el acoso a menores por medios digitales.
Uno de los aspectos más destacados del Proyecto 61 es la incorporación de figuras penales contra la violencia sexual digital, al tipificar la divulgación no consentida de contenido íntimo. Esta medida busca garantizar justicia para las víctimas y sanciones efectivas para los agresores.
La legislación también pretende una mejor articulación entre las normas sobre delitos sexuales y cibernéticos, con miras a una persecución más efectiva de este tipo de crímenes.
Convenio internacional para combatir la ciberdelincuencia
Además de las reformas internas, los diputados también aprobaron en tercer debate el Proyecto de Ley 205, mediante el cual Panamá se adhiere al Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en Materia de Ciberdelincuencia. Este acuerdo fue firmado originalmente en Madrid el 28 de mayo de 2014.
Con esta adhesión, Panamá se compromete a colaborar con otros países iberoamericanos en investigaciones penales sobre delitos cibernéticos, cumpliendo solicitudes de cooperación y adaptando su ordenamiento jurídico para ejecutar diligencias de aseguramiento e investigación de manera eficaz.
Entre los países firmantes del convenio se encuentran Guatemala, Nicaragua, Perú, Portugal, Uruguay, Costa Rica y México. Cuba fue el primer país en depositar su ratificación en 2016, seguido por Uruguay. Nicaragua formalizó su adhesión en 2020 mediante el Decreto Presidencial N°. 08-2020.
La combinación de estas dos iniciativas legales representa un avance significativo en la capacidad del Estado panameño para enfrentar amenazas digitales, proteger a sus ciudadanos y colaborar internacionalmente contra el crimen cibernético.
