Transparencia Internacional(TI) calificó como una "nueva burla a la justicia" el que se haya pospuesto, por quinta ocasión, el juicio por el caso Odebrecht en Panamá, ahora a causa de la falta de notificación al expresidente Ricardo Martinelli, condenado en su país a 10 años de cárcel por blanqueo y asilado en Colombia.
Al ser suspendido por cuarta vez, en enero pasado, el juicio por Odebrecht, donde hay 26 acusados de blanqueo llamados al banquillo en la justicia ordinaria, quedó programado para el 11 de noviembre de 2025 como fecha principal y para el 12 de enero de 2026 como fecha alterna.
El viernes pasado, el Órgano Judicial anunció la quinta suspensión del inicio del juicio, ahora "debido a que no se ha podido ubicar la dirección y notificar la fecha de audiencia a uno de los imputados", en relación a Martinelli, y lo dejó para la fecha alterna de 12 de enero próximo.
El juicio por Odebrecht acumula cinco suspensiones
Transcurrieron "más de cuatro meses desde la fecha en que se remitió la Asistencia Judicial Internacional (...) a la República de Colombia, para la notificación (...) de uno de los imputados y no se ha obtenido respuesta", dijo el Órgano Judicial panameño.
Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, llegó a Colombia el 10 de mayo pasado en calidad de asilado tras abandonar la embajada de Nicaragua en Panamá, en la que permanecía refugiado desde febrero de 2024 después de ser condenado a 10 años de prisión por blanqueo en la compra de una editorial de medios.
Tanto el inesperado asilo en Colombia como el salvoconducto otorgado por el Gobierno panameño generaron en Panamá duras críticas y acusaciones de favorecer la impunidad, señalando de ello tanto al presidente colombiano, Gustavo Petro, como a su colega panameño, José Raúl Mulino, un correligionario, exministro y amigo de Martinelli, como él mismo se definió durante la campaña por la presidencia.
Caso Odebrecht: uno de los mayores escándalos de corrupción en la región
El caso Odebrecht, recordó la TI, "estremeció a toda la región, al conocerse las enormes cifras de dinero que la empresa pagó en sobornos a diversos gobernantes, así como los sobrecostos en las obras públicas que esto provocó".
"En Panamá, seguimos esperando conocer en detalle los mecanismos internos y las debilidades del sistema público panameño que permitieron la comisión de estos graves delitos de corrupción. Es indispensable que quienes, según los expedientes judiciales, participaron en los esquemas tanto actores públicos, incluyendo a los expresidentes imputados, como actores privados involucrados enfrenten la justicia con celeridad y transparencia", agregó.