La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) abre un escenario complejo para el sistema portuario del país, advierte Rommel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá.
Sin equipos ni plan claro: la alerta sobre el futuro de los puertos
El especialista cuestiona que el Ejecutivo no haya aclarado si existe una estrategia concreta para tranquilizar a estas navieras, ni cómo se garantizará la continuidad operativa una vez se ejecute el fallo. “Un puerto no funciona solo con muelles. Sin grúas, equipos de patio y camiones, no hay operación posible”, subraya.
Sobre la posibilidad de una administración temporal por parte de APM Terminals, Troetsch advierte que la empresa no cuenta actualmente con equipos en Panamá, lo que complica asumir terminales que mueven millones de TEU al año. A esto se suma el riesgo de arbitrajes internacionales, ya que los contratos contemplan cláusulas fuera de Panamá, específicamente en Nueva York.
El exdirigente marítimo también alerta sobre el factor geopolítico. Al tratarse de una empresa privada china, no descarta que China pueda responder con medidas económicas o comerciales, incluso afectando el registro de naves panameñas, uno de los pilares del sector marítimo nacional.
Fallo a PPC golpea la seguridad jurídica de Panamá
Troetsch recuerda que Panama Ports ha invertido más de 1.600 millones de dólares, mientras que el Estado sostiene que dejó de percibir alrededor de 1.200 millones, cifra citada por el contralor Anel Flores durante la demanda. Sin embargo, señala que cualquier intento de expropiación de equipos podría escalar el conflicto a instancias internacionales.
“Esto sacude la seguridad jurídica del país”, advierte. A su juicio, el mensaje para los inversionistas es delicado: contratos que se respetan por décadas pueden ser revertidos por una nueva administración, generando desconfianza en el clima de negocios.
Troetsch concluye que el país enfrenta una crisis que no tendrá una solución inmediata. El arbitraje, de darse, no se resolverá en este gobierno, y sus efectos podrían extenderse por años. “Es un tema que hay que dejar avanzar, pero con mucha responsabilidad, porque lo que está en juego es la credibilidad de Panamá como hub logístico y portuario”.
