Panama Ports Company S.A. (PPC) reaccionó al anuncio del Órgano Judicial de la República de Panamá sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la Ley N.º 5, de 16 de enero de 1997, norma que aprobó el contrato de concesión que sustenta la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal desde hace casi tres décadas.
PPC enmarcó esta decisión como parte de “una campaña del Estado panameño impactando a PPC y a su inversionista por más de un año, que ha incluido un rango de acciones inesperadas contra la Concesión y PPC”.
La compañía destacó que, durante 28 años de operación, tanto PPC como su inversionista han destinado más de 1,800 millones de dólares a infraestructura, tecnología y desarrollo humano. De acuerdo con la empresa, esta cifra supera ampliamente la inversión realizada por otros operadores portuarios en el país y ha permitido generar miles de empleos directos e indirectos, además de fortalecer el posicionamiento de Panamá como un hub portuario y logístico de referencia mundial.
En el documento, PPC recordó que la concesión fue otorgada mediante una licitación internacional transparente y que, desde entonces, la empresa ha cumplido con sus compromisos contractuales y legales. “PPC ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado, siempre actuando con total transparencia y plena disposición de colaboración”, sostuvo.
Sobre el alcance del fallo, la empresa advirtió que, con base en la información disponible, la decisión “carece de fundamento jurídico” y representa un riesgo no solo para la concesión, sino también para “el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas, que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria”, así como para el estado de derecho y la seguridad jurídica del país. Añadió que el pronunciamiento es “diametralmente opuesto a fallos que ya ha emitido la Corte Suprema respecto a contratos similares al contrato de PPC”.
Reputación
PPC alertó además que la continuidad de esta situación “continúa socavando la reputación de Panamá como una jurisdicción confiable y su posición como centro logístico competitivo a nivel global”, subrayando que la estabilidad institucional, el respeto a los contratos y la seguridad jurídica son pilares del desarrollo sostenible.
Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con Panamá, sus trabajadores y las comunidades de Balboa y Colón, y confirmó que, pese a los acontecimientos del último año, ha mantenido cooperación con el Estado. No obstante, precisó que “la compañía y su inversionista continúan reservándose todos los derechos de manera permanente, incluyendo recurso a procedimientos legales e internacionales”.
PPC concluyó reiterando su llamado a la coordinación y consultas respetuosas con el Estado panameño para evitar disrupciones y proteger una concesión que, según indicó, ha brindado servicios portuarios de alta calidad “para el beneficio de Panamá y el mundo”.