La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) manifestó su rechazo categórico al reciente acuerdo de finalización de huelga alcanzado por algunos gremios docentes, al considerar que dicho acuerdo "invisibiliza a los pueblos indígenas que lloran las víctimas que han muerto en manos del dictador José Raúl Mulino", según expresó la organización en un comunicado público.
La organización denunció que aún se reportan personas desaparecidas, heridos graves y múltiples víctimas de abusos físicos y psicológicos derivados de las recientes protestas sociales, especialmente en áreas indígenas. Señalan que los operativos fueron dirigidos por Frank Ábrego, director del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), y por el director de la Policía Nacional, bajo un mandato del Consejo de Gabinete que “eliminó las garantías constitucionales y firmó un cheque en blanco para masacrar a un indefenso pueblo”.
El pronunciamiento subraya que “las acciones represivas dejaron un saldo aun sin determinar, con víctimas en sectores como El Prado, El Piro, Ojo de Agua, Vigui, Tolé, El Salao, San Félix, Horconcitos, Altos del Valle, Guabo, Cañazas, Pueblo Nuevo, Rambala, Puente Cusa, Los Chiricanos, Valle de Agua, Miraflores y Almirante, siendo Changuinola uno de los puntos con mayor letalidad”.
Represión
COONAPIP asegura que posee “evidencias gráficas, audios y testimonios contundentes” que demostrarían el uso excesivo de la fuerza, incluyendo gases lacrimógenos, perdigones, balas de goma y armas de fuego, lanzadas incluso desde helicópteros. También denuncian el uso de camiones blindados tipo “pitufo” para contener manifestaciones pacíficas.
COONAPIP acusa también al sistema judicial y a medios de comunicación tradicionales de actuar en complicidad con el aparato represivo. Señalan que manifestantes han sido detenidos sin orden judicial, trasladados ilegalmente entre provincias y liberados sin pruebas, luego de ser señalados como “pandilleros”.
“La paz y estabilidad de este país está en manos del presidente José Raúl Mulino. Solo él puede parar esta situación ordenando la inmediata derogación de la ley”, sostiene la organización. Además, advierten que las denuncias ya están siendo elevadas ante instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
En su pronunciamiento, COONAPIP recordó también las muertes y represión vividas durante la crisis por la llamada "ley chorizo" y cuestionó lo que consideran una memoria histórica selectiva en la población no indígena del país:
“Panamá y su pueblo no indígena al parecer tiene memoria corta (...) se olvidan de las represiones y las muertes causadas por el mismo verdugo que en otrora fue ministro de Seguridad”.
Finalmente, reiteran que no abandonarán su derecho a la protesta y que continuarán denunciando lo que consideran un intento por “someter a todo un país a la servidumbre y legalizar pensiones de muerte”.
“Seguiremos luchando por un mejor Panamá, más equitativo e incluyente”, concluyó la organización indígena.