El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 478 del 4 de agosto de 2025, que endurece las sanciones contra delitos informáticos y actualiza el marco legal panameño frente a la ciberdelincuencia. La nueva norma introduce modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley 11 de 2015, y alinea la legislación nacional con estándares internacionales.
La norma fue inicialmente aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de octubre de 2024, pero fue devuelta por el mandatario el 27 de noviembre con objeciones sobre artículos considerados “inconvenientes e inexequibles”. Luego de ser revisados, los artículos 7, 12 y 16 fueron modificados y aprobados con consenso.
Entre los cambios clave, el artículo 7 establece penas de cinco a diez años de prisión por suplantar identidades con fines ilícitos utilizando datos informáticos, bases de datos o sistemas electrónicos. Esta modificación equipara la pena con lo dispuesto en el artículo 221 del Código Penal para la usurpación de identidad con fines de beneficio.
El artículo 12 ahora sanciona con dos a cuatro años de prisión la creación y distribución de software para cometer delitos contra la intimidad, pero excluye de esa penalización a quienes trabajen en ciberseguridad, análisis forense, y actividades como el “hacking” ético, siempre que no tengan fines delictivos.
Por su parte, el artículo 16 fue ajustado para eliminar la facultad del Ministerio Público de actuar sin control previo en la recolección de evidencia digital, lo que corrige posibles vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad.
Panamá se suma a esfuerzo internacional contra el ciberdelito
Junto con esta ley, el presidente Mulino firmó la adhesión de Panamá al Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en Materia de Ciberdelincuencia, suscrito en Madrid el 28 de mayo de 2014.
Este instrumento busca reforzar la colaboración entre los países firmantes para combatir los delitos informáticos mediante cooperación mutua, diligencias conjuntas, intercambio de información y mecanismos para resolver disputas, respetando los derechos humanos.
Con estas acciones, Panamá avanza en la modernización de su marco legal y se integra a un esfuerzo regional para enfrentar los desafíos del crimen digital.