La decisión de Panamá y Ecuador de eliminar o transformar los ministerios de la Mujer en secretarías o institutos representa un retroceso de siete décadas en derechos de género, advirtió Teresa Incháustegui, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA.
Panamá planea reformular el Ministerio de la Mujer
En el caso panameño, el Gobierno analiza la posibilidad de integrar el Ministerio de la Mujer al Ministerio de Desarrollo Social o de convertirlo nuevamente en un instituto. La medida ha generado rechazo de organizaciones feministas y preocupación internacional.
El Comité de Expertas de la OEA ya había advertido en julio que este cambio “debilitaría gravemente” la capacidad del Estado panameño para garantizar los derechos de las mujeres.
Ecuador fusiona ministerio en medio de crisis de violencia
Ecuador, por su parte, anunció la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, en un contexto alarmante: un feminicidio ocurre cada 21 horas, según organizaciones de la sociedad civil. La OEA advirtió que el cierre de estas instituciones puede agravar la violencia de género en la región.
Una corriente antifeminista en América Latina
Incháustegui contextualizó estas decisiones dentro de lo que calificó como una “corriente antifeminista” que se expande en América. Mencionó retrocesos en Estados Unidos, Brasil bajo Jair Bolsonaro, Argentina con Javier Milei, y las intentonas en Panamá y Perú.
“Hay un intento de dar un portazo a los avances de las mujeres e iniciar una vuelta atrás”, alertó.
Argumentos económicos sin sustento
Gobiernos que impulsan estas reformas aseguran que buscan reducir costos y aumentar eficiencia. Sin embargo, Incháustegui lo desestimó:
“Cada mujer atendida recibe en promedio uno o dos dólares diarios. Es simbólico desde el punto de vista presupuestario el compromiso que tienen los Estados con los derechos humanos de las mujeres”, explicó.
Riesgo de incumplir compromisos internacionales
La socióloga mexicana recordó que estos cierres violan compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
“Apelamos a la buena fe y a la decencia política de los gobiernos que signaron estas convenciones. Esperamos que estas decisiones no se efectúen o se reviertan”, concluyó.