Los jubilados y pensionados de Panamá siguen a la espera del pago de los décimos retenidos correspondientes a trabajadores de 1972 a 1983, tras el fallo de la Corte Suprema que declaró constitucional el Proyecto de Ley 727. La decisión deja en firme que la Asamblea de Diputados actuó correctamente y que el Ejecutivo debe convertir el proyecto en ley.
Evasivas del Ejecutivo tras cuestionamiento de jubilados
Cortés criticó que el ministro Chapman desviara la pregunta, enfocándose únicamente en educadores jubilados de 1972 y 1973, cuando la consulta era sobre todos los jubilados y derechohabientes de 1972 a 1983.
Impacto económico
El dirigente estimó que la suma adeudada supera los 400 millones de dólares y enfatizó que estos recursos podrían dinamizar la economía nacional. “Los jubilados no buscan lujos; necesitan resolver necesidades básicas como cambiar una estufa vieja o reparar muebles. Ese dinero circula directamente en la economía del país”, explicó.
Propuesta de Cortés: que el pago se gestione a través del Banco Nacional o la Caja de Seguro Social, siguiendo modelos anteriores de certificados como el CEPADEM, para garantizar transparencia y eficiencia en el desembolso.
Plazo y posibles acciones
El Movimiento Mundos de Jubilados advirtió que si el presidente no sanciona la ley dentro de los 30 días establecidos, el Ejecutivo podría incurrir en desacato. “Estamos esperando pacientemente, pero si vence el tiempo sin sanción, realizaremos una visita a la Presidencia y podríamos considerar otras acciones”, aseguró Cortés.
Otros grupos de jubilados y pensionados ya preparan manifestaciones desde el 7 de octubre para exigir el cumplimiento del fallo y el respeto a los derechos adquiridos.
