La Iglesia Católica panameña, a través de sus pastorales especializadas Pastoral Social Cáritas, Comisión Justicia y Paz y Pastoral Penitenciaria, expresó su profunda preocupación por la situación reportada en distintos centros penitenciarios del país, de un modo especial en el Complejo Penitenciario La Joya, La Joyita, Colón, Chiriquí y Coiba.
Por otro lado, recalcan la falta de atención médica oportuna, la pérdida de audiencias y las restricciones impuestas a los familiares para entregar artículos de aseo personal.
Defensa de los derechos humanos
"También resulta alarmante que se haya limitado el acceso de voluntarios y ministros religiosos, impidiendo la asistencia espiritual a quienes lo solicitan. No menos preocupante es la anulación de todas las actividades de los penales del Complejo, como son: las visitas regulares (suspendidas desde hace más de mes y medio), las visitas familiares, las visitas conyugales, el Inadeh, Meduca, IPER, trabajos intramuros, el acceso al patio y a «El Paquito»", sostiene el comunicado.
Las agrupaciones eclesiales recordaron que toda persona privada de libertad conserva su dignidad y sus derechos. La pena o la detención no eliminan la dignidad humana ni autorizan el abandono, la humillación o el trato cruel.
"Entre los derechos que deben ser garantizados se encuentran el trato digno, la alimentación adecuada, el acceso al agua, la atención médica, el vestido, la asistencia legal, la información, el contacto con sus familiares, la educación, el trabajo y la asistencia religiosa, de conformidad con lo establecido en la Constitución Panameña, las leyes y los tratados de los que Panamá es signataria", agregaron.
Solicitan acciones "urgentes"
Frente al problema planteado, las organizaciones de la Iglesia elevaron un pliego de peticiones a las autoridades:
- Que se revisen los procedimientos de requisa para asegurar que se realicen con proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos, a la dignidad e integridad de las personas privadas de libertad, especialmente de aquellos que no han tenido nada que ver con la alteración del orden de los penales.
- Que se restituya el acceso a artículos indispensables de aseo, vestido, ropa de cama y materiales religiosos y educativos.
- Que se retomen los trabajos, estudios, actividades en pro de la resocialización, patio, el «paquito», visitas regulares, familiares y conyugales.
- Que se garantice el acceso suficiente y permanente al agua, una alimentación adecuada y atención médica.
- Que se restablezca la asistencia religiosa y pastoral.
- Que se permita la verificación de las condiciones actuales por parte de las instituciones competentes de derechos humanos, de los organismos pastorales autorizados y entidades independientes.
"Como Iglesia Católica, no pedimos privilegios. Pedimos humanidad, justicia y respeto a la dignidad de toda persona. La situación de encierro no puede convertirse en una condena al abandono, al silencio o al sufrimiento innecesario", sostienen.
Citaron datos del Ministerio de Gobierno (Mingob) que señalan la existencia de una población penitenciaria de 24,840 para una capacidad de 14,695 privados de libertad, situación que han calificado como un "problema complejo que requiere soluciones complejas y pensar en el largo plazo".
