La confrontación entre el Gobierno de Costa Rica y el Poder Judicial se intensificó luego de que la presidenta Laura Fernández calificara de "golpistas" a los magistrados de la Corte Suprema, en un nuevo episodio de la creciente crisis institucional que enfrenta el país.
Corte Suprema y Gobierno profundizan su enfrentamiento
El conflicto entre ambos poderes se remonta a la administración del expresidente Rodrigo Chaves, mentor político de Fernández y actual ministro de su gabinete, quien también mantuvo fuertes diferencias con las altas cortes.
Las tensiones aumentaron luego de que la Corte Suprema decidiera prorrogar el nombramiento de sus magistrados suplentes, cuyos períodos habían vencido en diciembre pasado.
Los nuevos jueces debían ser designados por la Asamblea Legislativa a partir de una lista enviada por la propia Corte. Sin embargo, la mayoría oficialista retrasó el proceso, por lo que los magistrados argumentaron que la extensión de los nombramientos buscaba evitar la paralización del sistema judicial.
Laura Fernández acusa a los magistrados de actuar fuera de la Constitución
En un mensaje dirigido al país, la presidenta cuestionó con dureza la actuación del máximo tribunal.
Además, una resolución de la Sala Constitucional obliga a la Asamblea Legislativa a resolver el nombramiento de los magistrados utilizando la lista remitida por la Corte.
Reforma judicial genera críticas de juristas y oposición
Paralelamente, el Gobierno impulsa una reforma al sistema judicial que contempla modificaciones consideradas polémicas por especialistas en derecho y partidos opositores.
Los críticos sostienen que los cambios podrían afectar el principio de imparcialidad del Poder Judicial y reducir su independencia frente al Ejecutivo.
A estas preocupaciones se suma la denuncia de magistrados y dirigentes políticos, quienes aseguran que el Gobierno pretende limitar el funcionamiento de la Corte mediante un fuerte recorte presupuestario.
Magistrados alertan sobre riesgos para la democracia
El magistrado de la Sala Constitucional Jorge Araya advirtió recientemente que el país enfrenta un escenario preocupante para la institucionalidad democrática.
En la misma línea, el diputado del izquierdista Frente Amplio, José (según el texto disponible), cuestionó las acusaciones del Gobierno contra la Corte.
"¿Cómo va a hablar el Gobierno de un golpe de Estado, cuando ellos son los que han intentado paralizar y sabotear al Poder Judicial al no nombrar magistrados?", expresó.
