Guillermo García, representante de José Domingo Espinar, aseguró que cumplió dentro del plazo legal con la rendición de cuentas del subsidio postelectoral y respaldó las auditorías, siempre que no se usen como herramienta de presión política.
García consideró que las diferencias entre lo que reporta la Contraloría y lo que alegan algunos diputados podría deberse a desfases administrativos, ya que muchos informes se entregan primero en direcciones regionales antes de llegar a la sede central. Aun así, subrayó que está a favor de la auditoría, la fiscalización y la vigilancia ciudadana, pero marcó una línea clara: “Una cosa es auditar y otra usar estos mecanismos para presiones políticas”.
Descentralización: legal, pero discrecional
Sobre la llamada “descentralización paralela 2.0”, García sostuvo que no es ilegal, ya que la Constitución y la Ley 106 permiten al Gobierno Central auxiliar a los municipios. Sin embargo, advirtió que el problema está en la discrecionalidad: por qué algunos reciben recursos y otros no.
En ese sentido, hizo un llamado directo a la Asamblea Nacional para reglamentar el artículo 236 constitucional, con criterios claros y objetivos que eliminen el manejo político de los auxilios.
Crecer no es lo mismo que repartir
García vinculó la discusión municipal con la desigualdad estructural del país. Panamá dijo es uno de los países que más crece en la región, pero también uno de los más desiguales. Para él, la clave está en entender que equidad no es igualdad.
Criticó que el fondo PIOPS asigne el mismo monto a corregimientos con poblaciones radicalmente distintas y pidió que los recursos se distribuyan según población, pobreza multidimensional y estudios socioeconómicos, no con fórmulas que perpetúan la inequidad.
Basura en San Miguelito: nuevo modelo en camino
En cuanto a la crisis de recolección de basura en San Miguelito, García anunció que a partir del 19 de enero tres empresas asumirán el servicio de forma temporal, tras el vencimiento del contrato con Revisalud, vigente desde 2001.
Reconoció que ese contrato nació mal y terminó peor: corto, sin mecanismos de rescisión y con la recaudación en manos de la empresa. Para el nuevo modelo, adelantó que el objetivo es que la alcaldía controle la recaudación, con los fondos administrados por el Banco Nacional, y que el próximo contrato proyectado a 20 años tenga reglas claras y mecanismos de control.
Además, insistió en que el problema no es solo la recolección, sino también la cultura ciudadana, el reciclaje y la educación ambiental: “La basura no viene de Marte, la generamos nosotros”.
